Bilbao. Desde que el PP accediera a La Moncloa, la patata caliente de la gestión del fin de ETA no ha dejado de quemarle entre las manos. Consciente de que cualquier movimiento podría ser interpretado en clave de cesión por parte de los sectores más inmovilistas, el Gobierno de Rajoy ha medido al milímetro cada una de sus decisiones en materia penitenciaria. Un esquema que se ha repetido, con mayor claridad si cabe, en la gestión de la situación del preso Josu Uribetxebarria, condenado por haber participado en el mediático secuestro de José Ortega Lara. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias le concedió ayer el tercer grado dada la gravedad del cáncer que padece, tras haber dejado claro que su decisión se sustenta estrictamente en la ley vigente y no en que la huelga de hambre de los presos y del propio Uribetxebarria haya hecho mella en su ánimo.
El comunicado remitido ayer por el Ministerio del Interior, plagado de referencias a los códigos legales en los que se inspira su decisión -con alusiones a la “entidad de los delitos cometidos por el penado” y con una lista de cautelas que deberían imponerse al preso si le fuera concedida la libertad condicional-, podría ayudar al Gobierno español a lograr el doble objetivo de cumplir la ley vigente sin renunciar a rebajar tensiones entre sus propias filas o determinados colectivos de víctimas y sindicatos policiales. Además, y aunque también alude a razones humanitarias, justifica el tercer grado en que la gravedad de la enfermedad y las características del tratamiento “mitigan extraordinariamente la peligrosidad del recluso y anulan prácticamente el riesgo de reincidencia”. A juzgar por reacciones como las de la AVT, no ha conseguido calmar a los sectores más reticentes. Según opinó la asociación en un comunicado, la decisión de Interior “confirma la traición a las víctimas del terrorismo y al Estado de Derecho”.
La aplicación del tercer grado implica que el preso sólo deberá acudir a prisión para dormir, y abre la puerta a la concesión de la libertad condicional, que podría ser otorgada a Uribetxebarria este mismo lunes si así lo dictamina el juzgado central de vigilancia. El delegado del Gobierno español en la CAV Carlos Urquijo quiso llamar ayer a la “prudencia” para recordar que todo dependerá de lo que decida el juez y que, incluso en el supuesto de que optara por la libertad condicional, esa decisión sería recurrible ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En este sentido, el juez Santiago Pedraz accedió ayer a la petición de la Fiscalía de solicitar un informe forense que sirva para determinar si el cáncer que padece puede ser tratado en prisión.
precedentes Buena parte de la clase política da por hecha la concesión de la libertad condicional porque así lo fija la ley para los presos con padecimientos graves o incurables, entre otros supuestos; y porque ya existen precedentes en la trayectoria del Gobierno de Rajoy. De hecho, el 7 de mayo, el juez de vigilancia penitenciaria concedió la libertad condicional a los presos Fernando de Luis Astarloa y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, que habían sido clasificados en tercer grado en octubre y febrero respectivamente.
No obstante, los dos reclusos pertenecían a la vía Nanclares, por lo que esa medida acarrearía un menor desgaste para Moncloa que la liberación de Uribetxebarria, dada su participación en el secuestro más largo de la historia de ETA. Ayer, por lo pronto, Instituciones Penitenciarias fijó las reglas de conducta que debería asumir el preso para que le fuera concedida la libertad condicional. En concreto, deberá alejarse de las víctimas de sus delitos o de los familiares directos de estas, no podrá participar “de forma activa o pasiva” en manifestaciones de enaltecimiento o legitimación de la violencia, no podrá hacer declaraciones en ese sentido ni que conlleven desprecio o desconsideración hacia las víctimas, y no podrá ausentarse de la localidad en la que fije a partir de ahora su residencia sin la autorización de la administración penitenciaria.
trece enfermos Aunque efectivamente el juez de la Audiencia Nacional que analice el caso opte por confirmar la concesión de la libertad condicional, la izquierda abertzale no dará por cerrado el capítulo de la política penitenciaria. EH Bildu ya adelantó ayer que reclamará la liberación de los otros 13 presos enfermos. Precisamente uno de los primeros movimientos que realizó Interior en las cárceles tuvo como protagonista a uno de los reos de ese grupo. Se trataba de Aitzol Gogorza, aquejado de una grave dolencia psiquiátrica, y acercado desde Sevilla a Basauri en marzo. Otro de los presos enfermos que ha copado más de un titular ha sido Txus Martín, quien también padece una enfermedad psicológica, y en cuya liberación se ha centrado la izquierda abertzale en los últimos meses.
El caso de Josu Uribetxebarria saltó a los medios de comunicación la semana pasada, después de que Interior se decantara por acercarlo desde León a la CAV. Aunque no accedió a liberarlo pese a la gravedad del cáncer que padece, y pese a que buena parte de los partidos exijan al PP que excarcele a los enfermos, que el Gobierno español se decidiera a aplicar beneficios precisamente a uno de los participantes en el secuestro de Ortega Lara podía ser considerado en sí mismo como un paso, aunque fuera mínimo, dado el coste político que podría asumir por esa medida. De hecho, las críticas de las víctimas no se hicieron esperar.
Poco después llegaría la huelga de hambre del preso, aquejado de un cáncer de riñón que terminó extendiéndose al pulmón, y que le terminó originando un nódulo metastásico. La mayoría de los reclusos secundó esa misma protesta u optó por otras fórmulas reivindicativas, mientras el Gobierno español insistía en que no cedería a “chantajes”. El camino comenzó a allanarse anteayer, cuando Osakidetza constató la “irreversible” enfermedad de Uribetxebarria, y avisó de que la probabilidad de supervivencia a los doce meses se sitúa en el 10%.
Sin embargo, antes de que se conociera la decisión de Interior, se produjo un primer altercado causado por la situación de los presos enfermos cuando ocho personas fueron detenidas acusadas de desórdenes públicos por encadenarse ante la sede del PP de San Sebastián.
etxerat y el pnv Por otra parte, Etxerat corresponsabilizó ayer al PNV de la situación del preso y criticó que no se haya reunido con el colectivo, con quien sí se han citado EH Bildu y Ezker Anitza. Fuentes jeltzales explicaron a DNA que no se han reunido aún por “cuestión de fechas”, pero recalcaron que les “encantaría” hablar con Etxerat cuando lo desee, ya sea en público o en privado. >M. VÁZQUEZ/E. P.
