El fiscal del Estado critica la reforma "apresurada" del Código Penal

Torres-Dulce hizo estas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un curso de verano realizado en la Universidad Complutense de Madrid bajo el título de Crítica del cine: presente y futuro.

El fiscal general del Estado se mostró "muy prudente" a la hora de opinar sobre la reforma penal, si bien resaltó que las modificaciones de las leyes penales deben responder a las más estrictas necesidades sociales.

No hay que olvidar que la administración y los poderes públicos deben resolver los problemas de convivencia y que solo cuando estos son una enfermedad social deben tener su reflejo en el Código Penal, ha indicado Torres-Dulce.

Estimó que es hora de reflexionar si el Código Penal es la última ratio de la sociedad para poder resolver conflictos sociales y si está presente el principio de intervención mínima que debe regir el Código Penal en lugar del principio de intervención máxima "como viene ocurriendo últimamente".

Torres-Dulce mostró su deseo de que las reformas en el Código Penal se hicieran "tras una detenida reflexión con una perspectiva de consenso y no con perspectivas coyunturales de titulares o de necesidades sociales muy próximas a los accidentes de la vida".

Después de mostrarse convencido de que el Código Penal necesita modificaciones en muchos aspectos, señaló que le hubiera gustado que la reforma se hubiera realizado a partir de una reflexión previa de jueces, abogados, procuradores y académicos de la Universidad.

Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jesús Chamorro, rechazó ayer la propuesta de una comisión de expertos para la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por considerar que está orientada a "quitar musculatura" a este órgano.

Estimó que, en la propuesta, hay "puntos discutibles" en todo lo que afecta al gobierno del poder judicial y otros contenidos "altamente positivos" para lograr una justicia eficaz y acabar con los problemas de una justicia lenta.

Tras recordar que en las nueve legislaturas democráticas se han afrontado reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Chamorro consideró que sería interesante que las reformas tuvieran vocación de permanencia y que no se plantearan cambios cada cierto tiempo.

Para el presidente de la APM, los dos grandes partidos deberían ser conscientes de la necesidad de dotar de estabilidad al sistema judicial español.