Donostia. El día siguiente a que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presentara la "propuesta de modificación" de la Ley Electoral (LOREG) para habilitar la excepción del voto exiliado en la CAV y Navarra, varios dirigentes del PP vasco salieron ayer a justificar una medida que ha generado el rechazo de casi todo el arco parlamentario. El presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti; su secretario general, Iñaki Oyarzábal; y el portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Leopoldo Barreda, trataron de respaldar una iniciativa que el PNV pidió retirar y que el secretario general del PSE alavés, Txarli Prieto, tachó de "publicidad" que pretende "provocar polémica". Bajo el título A Batasuna se le ve el plumero, Basagoiti, impulsor principal de la reforma para habilitar el voto exiliado, calificó en su blog la iniciativa como la "que desde la Transición más daña su estrategia", en referencia a una izquierda aber-tzale que mostró su oposición frontal el mismo miércoles.
Un cambio de la LOREG que el dirigente popular valoró como "un gran paso para la democracia, la libertad y la justicia en el País Vasco porque sirve para que la representación y por tanto las decisiones sobre los asuntos públicos puedan ser libre y equitativamente adoptadas sin la manipulación que pretendió el terrorismo" y aunque a esos posibles votantes, residentes en otras CCAA, no les vayan a afectar las decisiones que pueda tomar el consistorio vasco o las juntas generales de turno.
En su discurso de oposición a la izquierda abertzale -aunque PNV y PSE, en cierta medida, también hayan rechazado esta reforma electoral como hizo EH Bildu-, el candidato del PP a lehendakari consideró que "este avance y la reacción de Batasuna a la medida clarifica aún más el propósito de ETA".
Según explicó, "el mundo de ETA ataca con saña esta medida porque descuadra su propósito político y totalitario, y además es infinitamente más importante para la paz con libertad que sus reclamaciones llamadas consecuencias técnicas de la violencia", como la entrega de las armas de la organización terrorista o sus presos, que el Gobierno español se niega en público a abordar.
Otro de los dirigentes populares que ayer salió a celebrar "una victoria" contra ETA fue Iñaki Oyarzábal. Aunque el discurso popular acostumbre a negar la existencia de ningún conflicto que enfrente a varias partes, el secretario general del PP vasco calificó la reforma electoral como "la mayor victoria que podemos tener al alcance de la mano" para poder así "dar una respuesta" a ETA y "tratar de reparar lo que los terroristas trataron de destruir".
En declaraciones a la Cadena Cope, Oyarzábal explicó que la organización armada buscaba "borrar del mapa a la derecha vasca y amedrentar a muchos sectores, atacar a muchos ámbitos de la vida política y social del País Vasco para alterar el programa electoral y forzar que muchísimo vascos tuvieran que abandonar sus ciudades con el animo de provocar un alteración en el censo".
"Obligación moral" Tras el documento de conclusiones elaborado por la veintena de catedráticos llamados por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales -dependiente de La Moncloa-, informe que el secretario general del PP vasco definió como "muy importante, con bases muy sólidas", Oyarzábal apeló a la "obligación moral" de reformar la Ley Electoral: "Es emocionante que después de muchos años podamos devolver la voz a aquellos a los que se la quisieron arrebatar y los derechos a quienes se los quisieron pisotear. Es una oportunidad para España que nos tiene que llevar al orgullo y llevarlo a afecto, e ilusionarnos con este proyecto que es para vencer de una manera definitiva a los terroristas".
La opinión de Oyarzábal de análisis "muy sólido y completo" la secundó Barreda. Para el portavoz adjunto popular en el Congreso, "tiene que quedar claro que no se trata de alterar el censo, sino de restaurar los principios democráticos". Además, Barreda, cuyo grupo cuenta con la mayoría absoluta suficiente para la reforma, vio factible un acuerdo con el PSOE en cuanto al "terreno político de las garantías" y trató de desligar la reforma del inherente impulso del PP: "No queremos una reforma impulsada por el PP, sino buscar un consenso amplio, que los actores políticos se acojan a esta legalidad y la reconozcan".
Retirada del proyecto Un reconocimiento que, a tenor de lo oído ayer, el PNV no facilitará. Su presidente en Bizkaia, Andoni Ortuzar, que calificó en RNE la iniciativa popular de "más un pucherazo electoral que la reparación de las víctimas", fue el más contundente al reclamar al PP que, "si de verdad quiere hablar con el PNV sobre esta cuestión, retire de la mesa el proyecto que ya tienen en sus manos".
El diputado general de Bizkaia, el también jeltzale José Luis Bilbao, compartió la opinión al respecto. "Un intento burdo y denunciable del PP de retorcer los resultados de unas elecciones" con un "interés electoral clarísimo, que es volver a historias de la época aquella de Mayor Oreja y Nicolás Redondo", sostuvo.
En una entrevista en Onda Cero, se preguntó por la cifra de entre 200.000 y 300.000 exiliados de los que habla el PP, que "no cuadran por ningún sitio". Bilbao cuestionó si en esa cifra se computan "los policías nacionales, los guardias civiles o militares que han estado destinados durante unos años por aquí y si, por ello, tienen derecho a voto en las elecciones propias de la CAV" o si también caben "personas que, en su día, vinieron de otras zonas y, después de jubilarse, han vuelto a su pueblo". Y en caso de reformar la LOREG, también destacó que ahora "nadie hable de los miles de exiliados y descendientes de exiliados que tuvieron que marcharse durante la Guerra Civil y el franquismo".
El proyecto de ley deberá ser remitido al Congreso de los Diputados, Cámara de la que Josu Erkoreka es portavoz del PNV. A su juicio, los cambios propuestos son "poco garantistas y tan susceptibles de manipulaciones fraudulentas como los que siguen en el anteproyecto", por lo que no consideró "pertinente" la reforma, máxime cuando la argüida presión de ETA "ya no existe".
"El PP está tratando de provocar una polémica en la sociedad con la maldad de esperar a ver si alguien se equivoca y se excede diciendo algún inconveniente". El secretario general de los socialistas alaveses, Txarli Prieto, acusó ayer a los populares de no hacer un planteamiento "concreto y medido" del voto exiliado, sino que lo está utilizando como "publicidad y autobombo".
Según explicó, "una cosa tan sensible y delicada, en lugar de convertirse en un problema entre la ciudadanía y entre los partidos, debería considerarse solamente desde la perspectiva constructiva y profundamente democrática", algo que el PP no consigue al "provocar los debates para luego aplazarlos". Prieto se cuestionó "por qué, si va a ir en una legislatura posterior, hay que hacer el debate ahora".
La reforma propuesta por el PP afectaría a los exiliados a otras CCAA que entre el 15 de junio de 1977 y el 31 de diciembre de 2011 estuvieron cinco años empadronados en la CAV o Navarra y que deberán declarar que el motivo de su marcha fue la "persecución" de la organización armada. Sin aportar ningún tipo de prueba, algo que el secretario general del PSOE en la Cámara baja, Eduardo Madina, no comparte. Según explicó en la Cadena Ser, una cuestión "tan sensible" como el electoral, "cuantos más elementos demuestren lo que el Gobierno pretende demostrar con esto, mejor". En otras palabras, que "cuantas más pruebas, mejor".
