Madrid. Las duras medidas para tratar de reducir el déficit aprobadas el pasado viernes por el Gobierno del PP liderado por Mariano Rajoy, que suponen un duro varapalo al Estado del bienestar, han generado una fuerte indignación entre políticos, sindicalistas y ciudadanos.
A última hora del viernes alrededor de un millar de personas se echaron a la calle en Madrid para protestar por las impopulares medidas adoptadas por el Ejecutivo, que supondrán ajustes por valor de 65.000 millones de euros para dos años. La manifestación terminó con incidentes.
Numerosos líderes políticos expresaron ayer su rechazo a los ajustes. El líder de la oposición, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, lanzó una clara advertencia al Gobierno a quien alertó de que, pese a tener mayoría política, su voluntad de "culpabilizar" a colectivos más débiles como es el caso de los desempleados, los pensionistas o los estudiantes puede hacerle perder la "mayoría social". El dirigente socialista señaló que no se puede sacar a España de la crisis con decisiones que van "en contra" de los españoles.
Para Rubalcaba, durante los seis meses del Gobierno popular "todo ha ido a peor" desde el desempleo hasta la prima de riesgo, lo cual ha repercutido en la pérdida de confianza de los ciudadanos españoles, al considerar que el Gobierno ha hecho lo contrario de lo que prometió y ha hablado mal de España fuera del territorio nacional.
Desde Izquierda Unida, su coordinador general, Cayo Lara, animó ayer a los miembros de su formación a "reforzar la presencia en la calle" y a transformar la "movilización" en "poder" tal y como exige el "estado de excepción política, económica y social" en que se encuentra la sociedad española.
Para hacer frente a las medidas anunciadas por el Gobierno que suponen "un ataque a los fundamentos" del "sistema constitucional y democrático", Lara pidió "reforzar la organización" porque, dijo, "la presencia visible, organizada y combativa de IU en la movilización es más necesaria que nunca".
La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, defendió ayer que en lugar de rebajar los sueldos de los funcionarios lo que se debería hacer es "eliminar privilegios, quitar a todos los cargos de libre disposición y cerrar chiringuitos". Añadió que la crisis no la han creado los ciudadanos sino el hecho de que en España "haya 17 de todo, duplicidades y despilfarros".
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, aseguró ayer tener una "preocupación extrema" porque el Gobierno se ha limitado a aplicar recortes sin tener una "hoja de ruta" para salir de la crisis ni adoptar ninguna medida para reactivar la economía. Urkullu destacó que la suma del último ajuste presupuestario, entre recortes y subidas impositivas, es la misma cantidad, más de 60.000 millones, que la estimada que deberá aportar Europa para sanear el sistema financiero español, según las dos auditorías independientes realizadas a los bancos españoles.
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, afirmó que "parece" que el Gobierno español "quiere salvar al mismo tiempo a los especuladores y estafadores y hacer pagar la crisis a los trabajadores, pensionistas, parados, autónomos, estudiantes y a la gente normal".
Por su parte, los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, rechazaron duramente los nuevos ajustes y advirtieron que no descartan convocar una nueva huelga general contra la política económica del Gobierno. Toxo y Méndez calificaron las medidas de "fraude democrático" y "clasistas" porque sólo benefician a las elites económicas.
El líder de CCOO consideró el real-decreto ley de ajustes "vengativo" con las organizaciones sociales que no comparten su política y son "desleales" con el Gobierno, por lo que se les desprecia e insulta y se les dice "que se jodan".
Además supone un "golpe" a los servicios públicos y una "hoja de ruta" para empobrecer a la población, coincidieron Toxo y Méndez.
Para expresar el rechazo "absoluto" a los nuevos recortes, CCOO y UGT han convocado para el próximo 19 de julio unas 80 manifestaciones en toda España. Méndez y Toxo destacaron además que no descartan ningún tipo de movilización, incluida la huelga general.
El secretario general de CCOO precisó que, en septiembre, habrá una "gran movilización". "De qué tipo, ya veremos, no queremos anticipar nada porque queremos consensuarla", ha indicado Toxo, quien ha advertido de que esto "no termina en cuatro días" y "va a tener una contestación fortísima. Innovaremos".
El mismo viernes, tras tener conocimiento de las nuevas medidas del Gobierno, cientos de personas decidieron movilizarse en Madrid para expresar su rechazo. La marcha terminó con nueve detenidos, uno de los cuales tuvo que ser hospitalizado por una fractura en un brazo.
Los manifestantes llevaron a cabo sus dos primera paradas en las calles de Génova y Ferraz, donde se ubican las sedes nacionales de PP y PSOE, respectivamente, para dirigirse luego en dirección al Congreso de los Diputados y a la madrileña Puerta del Sol. Los momentos de máxima tensión de la marcha, convocada en las redes sociales y que carecía de autorización por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid, se registraron cuando los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) o antidisturbios cargaron en las proximidades de la sede del PSOE en Ferraz y en Neptuno contra los manifestantes, quienes al parecer lanzaron contra los agentes botellas y otros objetos.
