Vitoria. La reforma de la Ley de Dependencia que ha impulsado el Gobierno de Mariano Rajoy será "beneficiosa" para Álava, a pesar del aluvión de críticas que ha recibido durante los últimos días. La Diputación, que todavía no se había pronunciado sobre el cambio legal, emitió ayer su primer diagnóstico al respecto de boca de su titular de Asuntos Sociales, Marta Alaña, en las Juntas Generales. El ente foral, como era de esperar, acatará la reforma. Si bien es cierto que comparte color político con el Gobierno central y no se esperaban grandes discrepancias con éste, Alaña advirtió de que la profesionalización que caracteriza al territorio en este campo servirá para procurarle más ingresos procedentes de Madrid a partir de ahora. No en vano, uno de los puntos estrella de la reforma impulsada por la ministra Ana Mato apuesta por la reducción en un 15% de la paga que actualmente reciben los cuidadores familiares de las personas dependientes (la PECEF), a los que además se exigirá unos conocimientos mínimos para concederles dicha asignación.

Ese intento de primar los cuidados profesionales, que se sumará a la redistribución de los fondos que recibirán las comunidades autónomas desde el Estado para beneficiar más a aquéllas que hayan apostado por la asistencia profesional, abre unas "amplísimas posibilidades al territorio", según Alaña. A juicio de la diputada de Política Social, esta reforma "procurará más ingresos y premiará el esfuerzo por prestar servicios profesionales, que son los que generan empleo y retenciones de IRPF". Porque según recordó Alaña, los ingresos que provenían del Estado se han repartido hasta ahora en función de las personas dependientes que atiende cada territorio. "Una cantidad exactamente igual si eran atendidos en casa con una ayuda de 400 euros o en un recurso residencial", argumentó.

El "esfuerzo" realizado por Álava por primar "los recursos y los servicios" públicos en lugar de los cuidados familiares hace que el territorio se encuentre, según el ente foral, "en un buen punto de partida". Alaña, además, rechazó la idea de que esta fórmula vaya a empujar a los dependientes fuera de su entorno familiar. "No es contradictorio apostar por recursos y servicios con mantener a las personas en su entorno. Porque existen la teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio, la asistencia personal y los centros de día", recordó la diputada de Política Social.

"Algo excepcional" A juicio de Alaña, reducir la PECEF en un 15% supone "una apuesta clara por cumplir la Ley de Dependencia", porque la norma sólo contempla este modelo "como algo excepcional". La extensión de esta prestación también a los dependientes de grado 1 y 2 también agrada a la diputada de Política Social. "Seguirá habiendo cuidados en el entorno familiar y en más supuestos. Además, esta prestación exige la contratación de una persona profesional a la que se da de alta en la Seguridad Social", advirtió. Ante los problemas que puedan encontrarse numerosas familias por la merma de estas ayudas, Alaña zanjó que "los problemas de ingresos o renta no se solucionan con la Ley de Dependencia, sino con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)"

Alaña reconoció, en su única y mínima crítica a los recortes planteados desde Madrid, que existen medidas dentro de la reforma que a la Diputación "no le gusta que se tengan que adoptar", especialmente en lo relativo a la nueva regulación de la cotización de los nuevos cuidadores familiares. Aunque la diputada recordó que "los que estén en alta van a seguir y hay un compromiso de estudiar nuevas fórmulas", también censuró que hasta el momento se han producido de forma recurrente impagos de las cotizaciones a la Tesorería de la Seguridad Social por parte de los cuidadores, a los que sí se daba de alta en el sistema, y que han generado en el Ministerio de Sanidad "un agujero de 800 millones de euros".