Vitoria. No hacía falta ocultar las intenciones. El Gobierno central había ido en varias ocasiones más allá de la insinuación para certificar su decisión de facilitar el funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña más allá de 2013, fecha impuesta por el Ejecutivo entonces liderado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero para cerrar el complejo atómico ubicado en el burgalés Valle de Tobalina. Por eso, ayer mismo, el Gabinete Rajoy formalizó todas las evidencias a través de una decisión auspiciada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta edición, que hace ejecutivas todas las disposiciones que lleva en sus páginas, revocaba parcialmente la anterior orden que databa para el 6 de julio de 2013 el cese definitivo de la explotación del recinto energético, sito a escasos 50 kilómetros de la capital alavesa. A partir de ahora, la continuidad de la central depende de la postura que quiera adoptar la empresa concesionaria, Nuclenor, participada al 50% por los gigantes eléctricos Iberdrola y Endesa. Si la firma lo cree conveniente -que lo cree, lógicamente- tendrá la posibilidad de mantener la actividad que desarrolla en Garoña, al menos, hasta el año 2019.

En principio, el Gabinete liderado por el popular Mariano Rajoy lo tiene claro y sólo ve ventajas -o las ve fundamentalmente- para diseñar la prórroga de actividad de la central nuclear más vieja del Estado y conocida en ámbitos ambientalistas como la de las mil grietas, por los problemas que ha generado a lo largo del tiempo. Así, el Gobierno central apunta en el documento publicado en el BOE y al que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, siete razones para confirmar su postura. En ese sentido, el escrito de Industria argumenta la revocación de la fecha de cierre en la Ley de Economía Sostenible -que facilita la actividad de las plantas si cumplen con los preceptos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)-; en la necesidad de no aumentar el nivel de dependencia energética de España del exterior y de estabilizar la red eléctrica del Estado. También explica su decisión señalando a la existencia del déficit acumulado del sector eléctrico y a la necesidad de evitar que se trasladen los costes al consumidor; al retraso en la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) -que impediría desmontar y descontaminar la central nuclear-; a la participación de las centrales en la financiación del combustible nuclear sólo cuando están en funcionamiento; y al impacto de la renovación en la actividad económica, el empleo y la recaudación impositiva de la zona.

Además, el Ejecutivo revoca también la obligación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de presentar un plan de desmantelamiento de la instalación antes del 6 de julio de 2013 y elimina la prohibición a la central de realizar modificaciones que impidan o desarrollen el cese definitivo de la explotación. En todo caso, la instalación deberá seguir funcionado de acuerdo con los límites y condiciones contenidos en el anexo de la orden de cierre para 2013, así como las contenidas en la presente orden.

La nueva decisión establece, además, que con anterioridad al 6 de septiembre de 2012 el titular podrá solicitar del Ministerio de Industria, Energía y Turismo una renovación de la autorización de explotación por un nuevo periodo no superior a seis años, es decir, hasta 2019. Esta solicitud de renovación deberá ir acompañada de las últimas revisiones de documentos requeridos en la anterior orden; una revisión periódica de seguridad de la central; otras del análisis de la normativa de aplicación condicionada y del estudio probabilista de seguridad; un estudio de envejecimiento; otros de experiencia acumulada y de cumplimiento de los actuales límites y condiciones establecidos en la anterior orden; y un programa de inversiones y modificaciones relacionadas a las mejoras derivadas del accidente de la Central Nuclear de Fukushima.

Según un teletipo de Europa Press, si Nuclenor decidiera optar a la renovación, la instalación deberá llevar a cabo, antes del arranque posterior a la recarga de 2013, las modificaciones de diseño requeridas por el CSN para la renovación en el periodo 2009-2019, según las instrucciones técnicas complementarias que dicte el regulador en la actualidad.

Justificaciones antes del viernes Previamente, antes del próximo viernes, la adjudicataria deberá justificar ante el Consejo de Seguridad Nuclear que las actividades de vigilancia, inspección en servicio, mantenimiento y gestión de vida realizadas desde julio de 2009, se corresponden con las establecidas para la renovación de la autorización de explotación hasta 2019, que fijó en su día el regulador atómico. En caso contrario, deberá llevar a cabo las actividades no realizadas antes de la finalización de la presente autorización, es decir, antes del 6 de julio de 2013. Además, antes del viernes, el titular tendrá que revisar y comunicar al CSN los análisis realizados considerando un tiempo de explotación hasta 2013, así como los análisis de experiencia operativa y de nueva normativa realizados desde julio de 2009, para comprobar que no se ha limitado el alcance o el contenido de los mismos y las acciones propuestas atendiendo al cese definitivo de la explotación dentro de un año.

Igualmente, deberá comunicar al regulador atómico aquellas actividades de los programas de mejora de la seguridad establecidas en la revisión periódica de la seguridad que este organismo informó favorablemente en su informe para la renovación hasta 2019, que no se hayan llevado a cabo al limitarse su explotación hasta 2013 y completarlas antes del 6 de julio de 2013.