MADRID. La asociación de juristas Preeminencia del Derecho ha ampliado este martes su querella contra el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, para añadir la información que publican hoy varios medios impresos y que amplía hasta un total de 32 los viajes realizados por éste en fines de semana largos, de hasta 4 días, parte de los cuales cargó al presupuesto del órgano de gobierno de los jueces.
En un breve escrito remitido al a Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuyo Pleno tiene previsto reunirse mañana para estudiar si admite esta querella, la asociación señala que amplía los hechos con la información aportada por el diario El País en la que se señala la existencia de cargos por valor de 15.185 euros en viajes a Barcelona, Bilbao, A Coruña, Santiago de Compostela, Oviedo, Valencia y Palma de Mallorca.
Según esta información, los datos habían sido solicitados por el vocal José Manuel Gómez Benítez, que fue quien denunció ante la Fiscalía la existencia de una primera tanda de viajes, un total de 20, realizados por Dívar a Marbella (Málaga) por un valor cercano a los 13.000 euros.
VISTAS APLAZADAS
De momento se desconoce si la ampliación de la querella cambiará los planes de la Sala de lo Penal, que ya había señalado mañana miércoles a las 11.00 horas la decisión sobre la posible admisión a trámite de la querella presentada por la asociación de juristas.
El Pleno de la Sala de lo Penal que se reunirá pasado mañana está integrada por 15 magistrados, aunque la decisión sobre este asunto la adoptarán tan sólo 14. se quedará fuera Francisco Monterde para sortear una eventual 'contaminación' de todo el tribunal en el caso de que la querella fuera admitida a trámite y hubiera que buscar un instructor imparcial.
DIFICIL UNANIMIDAD
Los magistrados han tenido sobre la mesa el informe dado a conocer el pasado viernes por el que la Fiscalía del Tribunal Supremo se opone la admisión de la querella interpuesta. Según ha podido conocerse, durante la reunión de la Sala de Admisiones de ayer no existió unanimidad para rechazar de plano la querella, por lo que lo más probable es que las disensiones se trasladen al Pleno de mañana.
El Ministerio Público no ve delito porque pagó parte de sus viajes y la normativa no le obligaba a justificarlos. Llega a afirmar que Dívar fue acomodándose "caso por caso, viaje por viaje, a las exigencias derivadas de las funciones que le correspondía desempeñar".
El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, que es el mismo que archivó las diligencias informativas abiertas por el Ministerio Público a raíz de la denuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez, señala que en este caso no cabe estafa, como apuntaban inicialmente los querellantes, sino malversación de caudales públicos (art. 432 del Código Penal), una conducta que requiere ánimo de lucro para ser delictiva.
Además, el teniente fiscal resalta que en el caso de autoridades como Dívar que son de "jerarquía máxima", y a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios, existen unos "límites más imprecisos, más borrosos, en los que a veces resulta muy difícil de separar o de delimitar la actividad pública de la privada a efectos de establecer cuándo debe darse por terminada una para entender comenzada la siguiente".
Preeminencia del Derecho presentó primero una denuncia, que fue archivada posteriormente la transformó en querella por no considerar suficientemente justificados los gastos por casi 13.000 euros que Dívar cargó al órgano de gobierno de los jueces en relación con estos viajes, realizados entre septiembre de 2008 y principios de este año.
A juicio de la asociación, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón, el presidente del órgano de gobierno de los jueces podría haber incurrido en delito de estafa o apropiación indebida, o en su defecto malversación de caudales públicos, penadas con cárcel e inhabilitación.
"La conducta del máximo representante del Poder Judicial del Estado es propia de los ambientes del Lazarillo de Tormes o la Pícara Justicia, es decir, y en suma, es un acto de picaresca inconciliable con las obligaciones contraídas y con la ética exigible a este alto cargo público, el más representativo del Poder Judicial", señalaba el escrito.
