Vitoria. Tres semanas después de que el ministro del Interior lanzara el globo sonda de una posible reforma de la normativa electoral para que las personas que dejaron Euskadi por la presión de ETA puedan votar en las elecciones vascas, el departamento liderado por Jorge Fernández Díaz da hoy el primer paso para hacer posible uno de los principales objetivos de los populares en la CAV. El marco elegido es un seminario que se celebrará bajo la coordinación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales -ente dependiente de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría-, donde se estudiará la "virtualidad jurídica" de esta iniciativa que permita, en su caso, alterar la Ley Electoral.

Estas jornadas, que han sido organizadas ad hoc por el Ejecutivo popular, reunirán a catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, magistrados y exvocales de la Junta Electoral Central. El debate arrancará bajo el título de Residencia y derecho de sufragio. Análisis del caso vasco y se prolongará durante los próximos días. Las conclusiones de este cónclave serán trasladadas al Gobierno español, que se muestra partidario de cambiar la normativa electoral, lo que, de producirse, desfiguraría el mapa vasco a las puertas de las próximas elecciones autonómicas.

El ministro del Interior será el encargado de inaugurar el seminario, una cita que los dirigentes del PP confían que aporte algo de luz a sus planes. El propio Fernández Díaz, durante su última visita a Bilbao, recogió el guante de Antonio Basagoiti al considerar "razonable" que los que tuvieron que salir de Euskadi -hasta 309.000 personas, según las últimas cuentas de los populares- puedan votar desde la distancia.

De forma paralela a esta medida, el PSE pretende sacar adelante una modificación de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las víctimas del Terrorismo con el objetivo de que las administraciones vascas creen cauces de comunicación con víctimas de acciones terroristas asentadas fuera de Euskadi para impulsar su participación en la definición de políticas públicas de Memoria y el desarrollo de programas en materia educativa que favorezcan la convivencia, así como los actos de recuperación simbólica que organicen las instituciones vascas, especialmente los ayuntamientos de los municipios en los que residieron.

Esta iniciativa se enmarcaría en el anuncio hecho público ayer por la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, quien destacó en su comparecencia en el Parlamento Vasco que el Gabinete de Patxi López tiene la intención de estrechar las relaciones con las personas que se tuvieron que marchar de Euskadi por la presión de ETA y que no deseen regresar porque ya han hecho su vida fuera.

Regreso a la CAV Pero los socialistas quieren ir más allá, y además de reforzar el vínculo con estas personas también pretenden favorecer que familias que debieron abandonar Euskadi puedan, si lo desean, volver a fijar su residencia en esta comunidad autónoma, para lo cual la ley debe favorecer el retorno teniendo en consideración tal circunstancia en la modulación de los requisitos de empadronamiento exigibles en la normativa vasca referente a los sistemas de servicios sociales, inserción social, vivienda, empleo, etc, así como contemplar ayudas específicas adecuadas a las necesidades derivadas del retorno.