Vitoria. El Gobierno Vasco dio ayer el primer paso para recurrir los recortes en sanidad y educación decretados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Autorizó a la Dirección de lo Contencioso a interponer sendos recursos de inconstitucionalidad frente a estas medidas, aunque desde el Gabinete López confían aún en la vía del diálogo para resolver este entuerto sin pisar los tribunales.

La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, anunció tras el Consejo semanal la medida a la que precederá la petición para constituir una comisión bilateral en la que estén presentes la administración vasca y la española, y cuyo objetivo será paliar lo que desde Lakua se considera una intromisión competencial de Rajoy y los suyos.

Con las cartas sobre la mesa, Mendia dejó sin resolver una duda: ¿qué efectos tendrán los recortes en la sanidad y educación vascas hasta que el enfrentamiento se resuelva, ya sea través del diálogo o por vía judicial? La portavoz del Gobierno, citando al lehendakari, aseguró que su Ejecutivo "dejará sin efecto todas las medidas", aunque no explicó cómo lo hará, pese a las insistentes preguntas de los periodistas.

La dirigente socialista negó que esta postura suponga un acto de insumisión frente a las exigencias del Gobierno de España y, por ende, una acción susceptible de alimentar una denuncia procedente de Moncloa, ya que la respuesta del Ejecutivo autonómico, en su opinión, se ajusta a la ley.

Esta reacción contrasta con el precedente que marcó, a principios de este mismo año, la lectura diferente de los mismos protagonistas acerca del decreto que supuso un severo recorte para los funcionarios de todos los niveles administrativos del Estado. En aquella ocasión, el texto legal obligaba a las comunidades autónomas a dejar de depositar parte de la masa salarial de los trabajadores públicos en planes de pensiones como Itzarri, el que gestiona los ahorros del funcionariado vasco.

El Gobierno Vasco emprendió entonces un recorrido idéntico al de ahora, con el anuncio de un recurso de inconstitucionalidad y la petición de una comisión bilateral para resolver el asunto en una mesa. La diferencia es que hace cinco meses Mendia asumió que el Ejecutivo acataría la orden -con las consiguientes críticas de los afectados que llegaron incluso a demandar la dimisión de la consejera-, pese a las acciones legales anunciadas, una vía que aún permanece a la espera de que se convoque la mesa de diálogo.

Y es que el plazo que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional recoge para la interposición de un recursos de estas características desde la publicación del decreto de turno -los ajustes en educación y sanidad aparecieron en el BOE el pasado 20 de abril- es de tres meses, aunque en el segundo apartado de su artículo 33 esta norma decreta que "los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas" dispondrán de un plazo ampliado de nueve meses si la demanda de reunir a la comisión bilateral logra el plácet pertinente. En caso contrario, el plazo se limitará a un trimestre.

Artículos recurridos Euskadi se convirtió ayer en la primera comunidad que autoriza la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra los recortes del PP, una herramienta que se centrará, siempre y cuando termine utilizándose, en los artículos que fijan el horario lectivo que deberá impartir el profesorado y el que vincula el nombramiento de personal interino o sustituto a ausencias de más de diez días.

Junto a estas principales reivindicaciones en lo que al ámbito educativo se refiere, también se contempla actuar en el área sanitaria frente a cuatro artículos que el Gobierno Vasco considera que exceden las competencias atribuidas al Estado y, por tanto, vulneran las que el Concierto Económico recoge en sus enunciados en favor de la Administración vasca.