PEKÍN. Li, un vendedor ambulante que fue detenido cuando apenas rondaba la veintena, salió de una cárcel de Pekín a principios de este mes y fue enviado a su casa, aunque no podrá abandonar la capital china y deberá presentarse en la comisaría una vez al mes, matiza el comunicado de CHRD, con sede en Hong Kong.
Además, las autoridades comunistas tampoco le permiten dar entrevistas a los medios de comunicación ni expresar sus opiniones en internet, a través de, por ejemplo, redes sociales como Weibo -similar a Twitter-, muy utilizadas por la población china.
Li, que ahora tiene 45 años, era uno de los últimos 20 presos políticos que todavía cumplen condena por haber participado en las manifestaciones pacíficas que se iniciaron el 15 de abril del 89 en la actual potencia asiática.
Según datos contrastados por CHRD, por lo menos 906 manifestantes fueron encarcelados después de la masacre, una situación que padecen todavía, entre otros, Jiang Yaqun (de 75 años), Miao Deshun (48), Yang Pu (47) y Chang Jingqiang (43).
Li fue condenado por prender fuego a un tanque en un intento de interceptar el paso de los soldados a la famosa plaza pequinesa en la tarde del 3 de junio de 1989, cuando las autoridades centrales decretaron la ley marcial.
Aunque en un principio se le condenó a muerte con un periodo de revisión de dos años, la sentencia fue conmutada a cadena perpetua en 1993 y, un trienio después, reducida por buen comportamiento a dos décadas de prisión, que culminaron este mes de mayo.
La liberación de Li se produce a menos de dos semanas del 23 aniversario de las manifestaciones de Tiananmen, en las que más de un millón de estudiantes y trabajadores ocuparon el ágora pequinesa, en lo que supuso el mayor acto de protesta en la historia de la China comunista.
Las manifestaciones, que duraron unas seis semanas, culminaron con la masacre del 3 y 4 de junio a manos de las fuerzas de seguridad chinas, dejando un saldo de entre 400 y 3.000 muertos, una cifra no esclarecida por Pekín, que censura la información relacionada a las protestas por considerarla secreto de Estado.