Vitoria. Después de que su exsocio Diego Torres amagara con tirar de la manta y con ofrecer más datos sobre la presunta mediación del rey en los negocios del Instituto Nóos, Iñaki Urdangarin se ha decantado por tratar de evitar la celebración de un juicio que ahondaría en el desgaste de la Casa Real. Tras asegurar por activa y por pasiva que su papel en el instituto era meramente institucional, el duque de Palma habría optado por buscar un acuerdo con la Fiscalía por el que admitiría los delitos de malversación, fraude a la Administración, falsedad documental y evasión fiscal, al tiempo que devolvería entre 3,7 y 4 de los millones supuestamente defraudados -de los 16 estimados en la investigación-. Todo ello a cambio de que la acusación reclame para él una pena menor a los dos años de prisión que, al no contar con antecedentes, no sería suficiente para que acabara entre rejas.

Así lo confirmaron ayer fuentes del Ministerio Público citadas por la agencia Efe que destacaron que tanto el letrado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, como el de Torres, Manuel González Peeters, han hablado en los pasillos de los juzgados con representantes de Anticorrupción con el objetivo de intentar lograr un posible pacto.

Dicho acuerdo pasaría, según lo comunicado al fiscal por los letrados, porque los imputados reconocieran los delitos investigados en la pieza del caso Palma Arena sobre el Instituto Nóos por un supuesto desvío de dinero público, que devolvieran la cantidad presuntamente malversada y aceptaran una pena de prisión de 2 años o menor para evitar el ingreso en la cárcel.

Varios expertos en Derecho han asegurado que la posibilidad de un trato es ventajosa para la Justicia, ya que le ahorra tiempo y dinero. Pero la situación, dado el giro que han tomado los acontecimientos y la aparición de numerosas y contundentes pruebas contra el yerno del rey, sería particularmente ventajosa para la Casa Real, que evitaría la bochornosa y traumática foto de uno de sus miembros (siempre en el supuesto de que los tribunales dictaran una sentencia condenatoria superior a los dos años) entrando en prisión.

En cualquier caso, la supuesta negociación no tardó en suscitar todo tipo de reacciones por parte de la clase política. El debate se centró en la necesaria igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que el diputado de IU Gaspar Llamazares consideró que podría verse dañada en caso de que los acusados eludieran la cárcel merced a un pacto con la Fiscalía. "Da la impresión de que la justicia no es igual para todos. No existe ni para los corruptos ni para la Casa Real, que parece que son inmunes en este país", lamentó. Para el coordinador federal de IU, Cayo Lara, la justicia sería un "esperpento" si se llega a un acuerdo, y mostró su deseo de que "no haya ningún tipo de chalaneo entre la Fiscalía y los presuntos delincuentes en este caso, que pueden haberse llevado recursos de la Hacienda pública y de todos los ciudadanos". Lara añadió que espera que la frase "la justicia es igual para todos" (en alusión a la pronunciada por el rey Juan Carlos en el discurso de Navidad) se cumpla.

El PP, por boca de su portavoz adjunto en el Congreso Rafael Hernando, reclamó que el caso se aclare cuanto antes, que "cada palo aguante su vela", y que los ciudadanos puedan tener la seguridad de que la ley es igual para todos, mientras el secretario general de los socialistas de Madrid Tomás Gómez señaló que "uno de los valores del republicanismo cívico es el sometimiento de todos a la ley".

El presidente balear, José Ramón Bauzá, valoró la posibilidad de que cualquier persona que haya defraudado devuelva a las arcas públicas "aquel dinero que se haya podido embolsar", y afirmó que "no tiene que haber diferencias entre unos y otros" y que, si se confirman los delitos, "se tiene que devolver" lo que se haya defraudado.