vitoria. Fuera de la circulación y a salvo de miradas indiscretas, un buen puñado de coches sobre los cuales pesan órdenes de embargo se ocultan en los garajes comunitarios de Vitoria. Reconvertidos en modernos depósitos francos para los tiempos de crisis, estos espacios privados se hallan al resguardo de los cuerpos de seguridad, que no franquean sus accesos salvo cuando se cometen robos o en casos de incuestionable emergencia. Un modo barato de dilatar los plazos a la espera de que llegue la bonanza económica que permita a sus dueños hacer frente a las deudas que arrastran.
La Ertzaintza ha detectado que, durante los últimos meses, el listado de coches censados en la capital alavesa que se encuentra en situación de busca y captura no aflora por ningún sitio. Anteriormente, los agentes manejaban una relación de vehículos a requisar por impagos y el goteo de localizaciones era relativamente continuo hasta que se detuvo por completo. Analizando un poco más a fondo la cuestión, dedujeron que sus dueños los han colocado a buen recaudo bajo tierra. Coches de considerable valor que se toman unas largas vacaciones para no acabar en manos de los acreedores mientras sus dueños recurren a utilitarios más módicos, generalmente a nombre de otros, para moverse libremente por la ciudad. Los titulares de estos vehículos han recurrido a esta estrategia después de comprobar que los garajes comunitarios son una suerte de terreno vedado para los cuerpos de seguridad ciudadana. Ni la Policía Local ni la Ertzaintza se animan a adentrarse en sus interiores cuando, por ejemplo, un particular les avisa para comunicarles que alguien ha aparcado en una plaza de su propiedad.
En estos casos, tipificados como delito de usurpación por tratarse de un inmueble de titularidad privada, la Policía aconseja al afectado que trate de ponerse en contacto con el usurpador de la parcela. Una labor un tanto complicada a menos que se conozca el origen del vehículo, ya que la información asociada a la matrícula, con la Ley de Protección de Datos en la mano, es inaccesible para cualquier ciudadano de a pie y los agentes no pueden facilitarla.
Llegados a este punto, al titular de la plaza ocupada irregularmente no le queda otro remedio que comenzar a indagar por el vecindario o, directamente, pedir a la Policía Local o a la Ertzaintza que comuniquen -pese a que son reticentes a ello- lo ocurrido al Juzgado de Guardia. Se aporta toda la documentación necesaria para acreditar la propiedad de la parcela y se aguarda a que el juez encargado decida ordenar finalmente la retirada del vehículo intruso con una grúa municipal. Una solución un tanto drástica y efectiva sólamente en función de la celeridad del procedimiento, ya que estos coches okupas no suelen permanecer muchos días seguidos en el mismo lugar. Si se inicia el mecanismo legal y para cuando se dicta el remolque el usurpador ha desaparecido, todo el esfuerzo habrá sido en vano.
sin apoyo legal Además, este sistema presenta un vacío que deja sin capacidad de maniobra a un elevadísimo porcentaje de los usuarios de este tipo de garajes comunitarios. La mayor parte de ellos no son los titulares de las parcelas ni pueden acreditar su derecho a usarlas, ya que han llegado a acuerdos privados con los auténticos dueños y pagan las cuotas de las plazas sin que medie un contrato regulador. También hay quien permite a familiares o amigos el usufructo de los aparcamientos que no emplean y estos no tienen forma de demostrar dicha cesión a menos de que convenzan a sus propietarios de que acudan con la documentación necesaria. Una opción que se baraja es la de colocar un vehículo bloqueando al salida del usurpador -siempre que las características del garaje lo permitan- para dar tiempo a que el procedimiento judicial se complete y la grúa pueda actuar. Una vía un tanto radical no exenta de ciertos riesgos para la integridad de los coches. Otra alternativa consistiría en limitar, mediante elementos fijos como barreras o pivotes anclados al suelo, el acceso a la plaza. Colocar un cepo o una cadena para inmovilizar el coche que ocupa la plaza acarreará problemas, ya que supone como mínimo una falta de coacciones.
Ante la ausencia de protocolos claros en este sentido, ni siquiera los agentes son capaces de llegar a conclusiones claras. La mayoría de ellos considera que no pueden actuar salvo que exista una orden del juez mientras que otros estiman que, al tratarse de una propiedad privada, la autorización del presidente de la comunidad debería bastar para acceder a los garajes con una grúa. En todo caso, lo que parece claro es que no procede denuncia de Tráfico al no existir competencias en este campo atendiendo a reglamentación vigente.
