Madrid. Continúa la polémica por el caso de los niños robados, ante lo que el Gobierno ha decidido crear un censo de posibles casos dentro de las medidas a las que se comprometió ayer ante las asociaciones de afectados, lo que permitirá conocer la "dimensión real" del problema y ayudar al reencuentro de los familiares.

Así se lo trasladaron los ministros de Justicia, Interior y Sanidad, Alberto Ruiz-Gallardón, Jorge Fernández Díaz, y Ana Mato, respectivamente, junto con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, a las asociaciones en un encuentro que duró cerca de dos horas.

Gallardón explicó que se ha formado grupo de trabajo especializado, coordinado por Justicia, y en el que participarán también Sanidad, Interior y la Fiscalía. El titular de Justicia constó el compromiso con los afectados, a quienes les trasmitió que si bien el camino para resolver la causa será "largo" y "complejo", el Gobierno, en ningún caso, "va a desfallecer".

Para la puesta en marcha del censo, se facilitarán a los afectados unas fichas para que las completen y se incorporen a un archivo, en el que se incluirán datos tales como la identidad, el domicilio, lugar de nacimiento y fecha. En las fichas se dará el consentimiento necesario para remitir al Ministerio de Sanidad los datos relativos al nacimiento o parto, para que se puedan cruzar con los que constan en el historial clínico o en otro documentos de los centros sanitarios.

El departamento de Ana Mato se ha comprometido a instar a los servicios autonómicos de salud y de los centros que dependan de ellos a colaborar en este asunto.

Por su parte, Justicia asumirá las medidas necesarias para facilitar la obtención de datos del Registro Civil, como nacimientos y posibles fallecimientos de recién nacidos en los últimos 50 años.

Catálogo de servicios También creará un catálogo de servicios que prestará el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses con una base de datos de ADN, en la que se podrán incluir las pruebas que se hayan hecho los afectados en los laboratorios privados, previa homologación de los mismos por parte de este organismo.

Respecto a las medidas de la Fiscalía General del Estado, el titular de Justicia anunció la designación de un fiscal específico para esta causa. Torres-Dulce aseguró que dará "prioridad absoluta" a la causa.

Entre las medidas anunciadas, Gallardón también señaló que el Gobierno intentará introducir una enmienda al Reglamento del Parlamento Europeo, para facilitar el tratamiento y acceso a los datos sanitarios cuando el objetivo sea determinar la filiación natural.

Por su parte, las asociaciones de afectados valoraron los acuerdos alcanzados, al tiempo que pidieron que las responsabilidades en la causa no acaben "solo en una monja", en referencia a la comparecencia ante el juez como imputada de la religiosa Sor María. La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Causa de los Niños Robados, Mar Soriano, afirmó que "no solo una monja puede ser la causante de este desastre".