MADRID. Así lo ha acordado el magistrado en un auto en el que procesa a los miembros del colectivo "Mugitu" -opuesto a la construcción del TAV- Ibon García Garrido, Julio Martín Villanueva, Mikel Álvarez Forcada y Gorka Ovejero por un delito contra la autoridad, penado con entre 4 y 6 años de cárcel y multa de seis a doce meses.

Según indica el juez, "ha de considerarse autoridad" a Barcina, en concreto miembro del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, que aquel día se encontraba presidiendo el 29 Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) en Toulouse.

No obstante, dada la condición de teniente de alcalde de Arruazu (Navarra) de Gorka Ovejero Gamboa, que además asistió al acto "en calidad de tal", podría apreciarse en él una agravante por su condición de autoridad, por lo que la Fiscalía podría reclamar hasta 10 años de cárcel para él, según fuentes jurídicas.

El juez explica que basta con que se dé "una acción directamente dirigida a atacar a la autoridad" mediante actos de "acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa" y, en este caso, cree que los tartazos "se consideran como tal agresión".

Pedraz explica asimismo que concurren otros elementos para considerar estos hechos como constitutivos de un delito de atentado contra la autoridad, pues requiere que el sujeto pasivo esté en "ejercicio de las funciones del cargo que representa" o que la acción haya sido motivada por una actuación anterior en el desempeño del mismo.

En este sentido, asegura que los cuatro conocían dicha condición, ya que Mugitu se atribuyó en un comunicado los tartazos para "agradecer los ímprobos esfuerzos que como máxima responsable política de Navarra estaba realizando por la imposición de esa infraestructura", además de ser "una elegante manera de darle la bienvenida a su nuevo cargo".

A ello se suma el motivo alegado por el propio Álvarez Forcada en una rueda de prensa convocada un día después de la acción en la que aseguró que no buscaban violencia con ella, sino "dañar su imagen pública" como dirigente de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), con lo que reconoció, a juicio de Pedraz, "pretender ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad".

En un principio, el magistrado imputó a García Garrido, Martín Villanueva y Gorka Ovejero, a los que el pasado mes de noviembre les prohibió abandonar el territorio nacional y les retiró el pasaporte el pasado mes de noviembre.

Posteriormente, a petición de la Fiscalía, extendió la imputación al hermano del exdirigente de Batasuna Joseba Álvarez Forcada, al que no impuso ninguna medida cautelar el pasado mes de febrero.

El magistrado transformó entonces las diligencias previas en sumario "para averiguar y hacer constar la perpetración del delito" y la "culpabilidad de las personas responsables", ya que la pena que podrían conllevar los delitos que se investigan superan el límite legal de 9 años establecido para que sea procedimiento abreviado.

Según relata Pedraz, los cuatro procesados acordaron "estampar" unas tartas a la presidenta navarra.

Con tal efecto, sobre las 16.30 horas del pasado 27 de octubre, Ovejero, que portaba "oculta en una carpeta una tarta", la sacó "de forma sorpresiva" y "se abalanzó por delante sobre la presidenta estampando la tarta en su cabeza".

Inmediatamente después, añade el auto, y "mientras la citada se encontraba aturdida como consecuencia del impacto", se acercaron por la espalda sucesivamente Martín Villanueva y García Garrido, "estampándola respectivamente cada uno una tarta en la cabeza".