Sevilla. El abogado de Francisco Javier García Marín, conocido como El Cuco, ha recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a su cliente al pago de una indemnización de 414.000 euros por el coste de las tareas de búsqueda del cuerpo de la joven Marta del Castillo en el río Guadalquivir, al entender que "no puede ser motivo para imponer la condena a abonar tales gastos el resultado de encontrar o no el cuerpo de la víctima, pues ello no depende" del acusado.

En su anuncio de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el letrado de El Cuco, Fernando de Pablo, solicita al Supremo que case el fallo de la Audiencia y dicte una nueva sentencia "en la que se declare no haber lugar al pago de cantidad alguna", ya que "no puede ser motivo para imponer la condena a abonar tales gastos el resultado de encontrar o no el cuerpo de la víctima, pues ello no depende" del acusado, "que como en el caso de la sentencia recurrida manifiesta como hecho probado que por el menor se dio cuenta de dónde había sido depositado el cuerpo".

De este modo, el abogado de El Cuco, que fue condenado a dos años y once meses de internamiento seguidos de un mes de libertad vigilada por un delito de encubrimiento en relación al caso Marta del Castillo, cita en su anuncio de recurso dos sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y por la Audiencia Nacional que "versan sobre supuestos semejantes a los enjuiciados en cuanto se produjeron las desapariciones de las víctimas de los hechos enjuiciados y en su búsqueda se emplearon importantes y costosos medios, hechos sustancialmente iguales a los de la sentencia recurrida".

No obstante, añade, "existe contradicción entre los pronunciamientos de las sentencias alegadas y la recurrida, pues en ninguna de las primeras se impuso pena a los condenados consistente en sufragar y reparar los gastos ocasionados con las ingentes tareas de localización de los cuerpos de las víctimas de los delitos", precisando que en el fallo del Supremo, "ninguna pena se impone referente a resarcir a las instituciones públicas por los gastos de localización del cuerpo".