madrid. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, insistió ayer en que el Gobierno mantiene su compromiso de reducir el déficit público al 4,4% del PIB en 2012, una meta en la que se pondrá el "mayor rigor y esfuerzo", acometiendo, si hace falta, reformas adicionales para lograrlo. Este mensaje tan contundente no iba dirigido únicamente a la opinión pública, sino específicamente al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien dudó de que, con la actual trayectoria económica, se pudiera lograr ese objetivo. El discurso de la vicepresidenta del Gobierno supone el primer enfrentamiento interno dentro del Ejecutivo que lidera Mariano Rajoy ya que supone una desautorización expresa contra quien es el principal responsable de equilibrar las cuentas.

Incluso la puesta en escena de la regañina da claves de su intencionalidad. La vicepresidenta lanzó su declaración de intenciones al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sin siquiera haber expuesto los temas tratados. Además, frente a quienes puedan dudar de la credibilidad de los planes del PP, insistió por activa y por pasiva que "toda la tarea del Gobierno está encaminada a crear empleo" y que para ello "se necesita cumplir con la reducción del déficit y hacer reformas".

Las palabras de la vicepresidenta llegaban después de que Montoro dijera el jueves al diario alemán Financial Times Deutschland (FTD) que no podía asegurar que España cumpliera con el objetivo de déficit público en 2012 ante la amenaza de una nueva recesión y el empeoramiento de las previsiones internacionales. Se refería el responsable de Hacienda a las previsiones macroeconómicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) según las cuales la economía española caerá el 1,7% en 2012 y el 0,3% en 2013.

programa Frente a las dudas expuestas por Montoro, la vicepresidenta del Gobierno dijo que el Gobierno trabajará "para que no se cumplan las negativas previsiones del FMI". Al respecto, ha hecho hincapié en que "cada viernes el Consejo de Ministros está aprobando o analizando nuevas iniciativas con las que se está avanzando con voluntad y determinación" en el proceso reformador y en el equilibrio presupuestario.

Preguntada por el calendario para reformas como la laboral o la financiera, la mandataria popular no dio datos concretos y se limitó a decir que "el Gobierno está trabajando en ello para darles luz verde en el plazo dado por el presidente, Mariano Rajoy, que quiere que estén aprobadas en la primera quincena de febrero".

Ante las críticas de la oposición de que el anuncio de que se instaurarán sanciones penales para los malos gestores es un mensaje populista sin posibilidad de aplicación, Sáenz de Santamaría explicó (aunque no concretó) que el Gobierno establecerá una serie de obligaciones legales a los gestores para poder sancionarlos si incurren en una falta de "dolo acreditado".