Barakaldo. Tras medio año de debate y trabajo contrastando proyectos con sus bases, el PNV cuenta desde ayer con su guía para no perderse en el nuevo tiempo. La VI Asamblea General de la formación asistió a una primera sesión en el BEC -la de hoy servirá para ratificar a Iñigo Urkullu al frente del partido- en la que dio luz verde a las líneas políticas y económicas que marcarán su trayectoria en los próximos cuatro años. Además, los 71 miembros con derecho a voto designaron a ocho de los burukides del EBB, a los que habrán de sumarse Urkullu y los cinco presidentes territoriales. Frente a un Gobierno que se resiste a reconocer la existencia del conflicto político, y que sortea el adelanto electoral esgrimiendo la salud de su pacto con un PP que le ha dejado solo con sus propuestas fiscales, el partido de Sabin Etxea quiso realizar ayer una exhibición de fuerza programática con 250 iniciativas contra la crisis y con la propuesta de un nuevo marco. Todo ello sin perder de vista la consolidación de la paz.
Los jeltzales calientan motores de cara a un año que se prevé intenso -tendrán que designar a su candidato a lehendakari con vistas a la contienda de 2013, aunque no lo harán antes del verano-, y que podría tornarse más agitado de mediar una convocatoria prematura de las urnas. Su hoja de ruta la perfilan los textos Euskadi, nación europea -sobre la paz y el nuevo marco- y Trabajando el mañana -con 250 propuestas anticrisis-.
El partido se propone recuperar Ajuria Enea, de la que fue desplazado en 2009 tras la firma del pacto PP-PSE, y lo hace desde la renovación, aunque sin renunciar a sus postulados. Un reto que, después de haber dejado atrás la división que lastraba al partido en 2007, afronta desde la unidad y con un equipo de la máxima confianza de Urkullu que ha sido resultado, por otra parte, de un proceso de reflexión abierto de par en par a las bases. Con las heridas cicatrizadas, no ha sido necesario consensuar una lista cerrada. Las organizaciones municipales cogieron el guante del debate abierto por el PNV y enriquecieron el proceso proponiendo 31 nombres para cubrir las ocho plazas de los miembros natos.
En concreto, pasarán a formar parte del EBB los vizcaínos Joseba Aurrekoetxea, Iñaki Goikoetxeta, Koldo Mediavilla, Nekane Alonso y Lorea Bilbao; los alaveses Gonzalo Sáenz de Samaniego y Pilar García de Salazar -ambos de la máxima confianza de Urkullu-; y el guipuzcoano Aitor Olaizola. Como ya sucediera en 1996, el proceso de renovación ha arrojado una Ejecutiva con dos miembros de Álava y uno de Gipuzkoa, a pesar de que la ley no escrita perfile un organigrama con dos guipuzcoanos y un alavés.
El reto de la paz Una cohesión interna que propiciará que la formación pueda centrar sus esfuerzos en afrontar retos de primer orden como la búsqueda de la concordia tras el cese de la violencia. Un escenario que abonó el propio PNV ofreciendo tiempo a Zapatero para que pudiera dar pasos a favor de la paz. Las siglas de Sabin Etxea han incorporado enmiendas a su texto político para readecuarlo al fin de la violencia y para apelar al "reconocimiento del dolor ajeno y la reparación moral y material de todas las víctimas". Además, considera que el final de ETA debe sustentarse en la actitud ética de la sociedad vasca y no en la victoria de ningún proyecto sobre otro, al tiempo que pide huir de una desmemoria que asentaría la paz sobre bases quebradizas. Al Estado le pide que madure para que respete la voluntad de los ciudadanos y posibilite plasmar todos los proyectos que tengan ese respaldo.
Tras el traspaso de prácticamente todas las competencias pendientes, los jeltzales proponen un nuevo marco en base a los Derechos Históricos y al derecho a decidir para cimentar una relación bilateral con los Estados español y francés que supere la actual subordinación. Un nuevo marco que debería poder debatirse sin pretextos tras el cese de ETA.
En cuanto a los estatutos del partido, el PNV creará un registro nacional de afiliación, ampliará de 71 a 100 el número de representantes con derecho a voto en la asamblea y limitará a dos años la permanencia de los cargos en la Comisión de Garantías y el Tribunal Nacional.
