VITORIA. PP y PSOE habían preparado el terreno durante la precampaña. Mientras los populares proponían que las comunidades autónomas devolvieran competencias al Estado, el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba irrumpía en el debate para sugerir la supresión de las diputaciones. Los constitucionalistas parecían llevar el modelo autonómico en volandas para su sacrificio en el altar de la crisis económica. Una vez celebradas las elecciones, y lograda la mayoría absoluta para Rajoy, su ministro de Economía Luis de Guindos ha sido el encargado de avivar las llamas en una entrevista con Financial Times, donde ha anunciado que el Gobierno español elaborará una ley en marzo para establecer "estrictos instrumentos de control" para los presupuestos de las comunidades autónomas, que habrían de contar con el visto bueno del PP para atajar su déficit. La reacción de Lakua y los partidos aber-tzales no se ha hecho esperar ante un anuncio que vuelve a sembrar incertidumbre sobre un eventual intento recentralizador.

La medida supondría limitar el autogobierno y contaría con implicaciones de envergadura, particularmente en la CAV y Navarra. Euskadi únicamente paga al Estado por las competencias no transferidas a suelo vasco -es decir, por los servicios que presta Madrid-. En cuanto a las competencias que sí tiene transferidas, y con los impuestos que recogen sus diputaciones, decide a través de los presupuestos qué monto de dinero destina a cada actuación, pudiendo hacer hincapié en servicios sociales o en otras cuestiones convenidas por el Gobierno Vasco y respaldadas por el Parlamento. Si esas cuentas debieran pasar el filtro del Ejecutivo español para controlar el déficit, el Estado podría recortar aquellos aspectos que considerara oportunos, vaciando así de contenido el autogobierno y dejando prácticamente sin efecto las competencias transferidas.

silencio en el pp No obstante, queda por concretar cómo se aplicaría ese recorte: si sería global y afectaría en la misma medida a todas las partidas del presupuesto, o si el Gobierno español acometería la poda en las cuestiones que considerara superfluas. En caso de que el PP no diera marcha atrás, lo más probable pasaría por que el Gobierno español aprovechara la tramitación de la ley orgánica que deberá desarrollar la reforma constitucional sobre el techo de gasto para incluir asimismo la referencia al déficit de las comunidades. Los populares, pese a su inflexible discurso contra los números rojos desde La Moncloa, gobiernan en once de los territorios estatales sobre los que ahora decide poner la lupa.

La vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría rehusó pronunciarse ayer sobre las declaraciones del ministro De Guindos a pesar de la insistencia de los periodistas, y se limitó a anunciar que este mismo mes se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para pactar con las comunidades autónomas los mecanismos de cerco al déficit.

El Gobierno Vasco, que quiso salir al paso de las declaraciones "sin aspavientos pero con la mayor firmeza" a través de una nota de prensa -y sin que se supiera nada del lehendakari Patxi López, que no compareció para valorar la apuesta del ministro-, avisó de que "no va a aceptar" ese "ataque" al autogobierno. Tras recordar que el Estado ya cuenta con mecanismos para controlar el gasto de las autonomías como la supervisión de la emisión de deuda, Lakua trató de desmontar el pretexto de los populares, que pasa por afear el déficit de los territorios. "El Gobierno Vasco asume las limitaciones de gasto presupuestario , así como las obligaciones en materia de déficit", recalcaron desde el Ejecutivo de Gasteiz, que volvió a advertir de que "no puede y no va a aceptar una tutela de este tipo sobre sus presupuestos, que va en contra del principio de autonomía". El PP presentó sus primeros recortes a finales del pasado año avisando de que constituían únicamente "el inicio del inicio". Se dio por supuesto que las medidas más traumáticas llegarían tras las elecciones andaluzas, aunque algunas voces comenzaban a augurar tijeretazos en los organismos públicos o, incluso, en las comunidades autónomas. No se trataba de un vaticinio gratuito. Los indicios los habían aportado los propios populares once meses antes, cuando el expresidente español José María Aznar apostó por devolver competencias al Estado para configurar un modelo "racional y viable".

A la presentación de su informe acudió la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quien coincidió en opinar que el modelo autonómico es "insostenible a todas luces". Una troupe a favor de eliminar duplicidades a la que se sumó desde Madrid Esperanza Aguirre. Pesos pesados defendiendo un mismo proyecto. La apuesta no parecía casual, a pesar de que Rajoy negara en su discurso de investidura que barajara restar competencias. "Yo creo en el Estado autonómico. Estoy a favor de la Constitución y de los estatutos en vigor", dijo. Semanas antes, había amagado con suprimir la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que abre la puerta a la unión de la CAV y Nafarroa.

La propuesta sobre la vigilancia de las cuentas contradice el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la CAV, donde se establece que "los presupuestos generales del País Vasco contendrán los ingresos y gastos de la actividad pública general y serán elaborados por el Gobierno vasco y aprobados por el Parlamento Vasco, de acuerdo con las normas que este establezca". Desde la Constitución española, además, y en la disposición adicional primera, se establece que la Carta Magna "ampara y respeta los Derechos Históricos de los territorios forales".

La mayoría de los partidos aber-tzales salieron ayer a la palestra para valorar el anuncio. No dudaron en entrever la sombra del centralismo tras la propuesta del ministro español, y auguraron una nueva vuelta de tuerca en esa dirección. Desde el PNV, el diputado Aitor Esteban compareció ante los medios de comunicación para mostrar su "sorpresa" por que el partido de Rajoy cuestione la base de la autonomía política de las comunidades, y para avisar de que la formación de Sabin Etxea utilizará "todos los medios a su alcance" para abortar la medida. Tras apelar a la disposición adicional primera, añadió que "no se puede tratar a todas las comunidades con el mismo rasero". "No tienen nada que ver los términos de déficit de unas y otras, ni la forma en la que se ha gobernado en unas y otras", recordó Esteban. Además, quiso aclarar que, a pesar de que el PP cargue contra el déficit de los territorios, es el partido de Génova quien gestiona la mayoría de ellos. "Tiene mucho que callar", zanjó, para avisar de que "no se puede poner en solfa la autonomía de todas las comunidades por errores cometidos por el propio PP en los territorios que gobierna".

derechos históricos Desde EA, su secretaria de Comunicación Ikerne Badiola también lamentó la "ofensiva centralizadora" del equipo de Rajoy, al que acusó de escudarse en la crisis para "cercenar los Derechos Históricos de Euskal Herria". Sin embargo, se mostró convencida de que "es consciente de que la sociedad vasca está inmersa en un proceso político en el que su voluntad será el único límite". Por parte de Geroa Bai, la diputada Uxue Barkos criticó ante los micrófonos de Onda Vasca la postura "recentralizadora" de la formación. El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a los nombramientos de seis nuevos delegados del Gobierno español en las comunidades autónomas. Carlos Urquijo ocupará el puesto en la CAV; Carmen Alba lo hará en Nafarroa; Samuel Juárez, en Galicia; Gustavo Alcalde, en Aragón; Gabino de Lorenzo, en Asturias; y Alejandro Ramírez del Molino, en Extremadura.