madrid/bruselas. Las autoridades belgas con colaboración con las autoridades españolas, detuvieron ayer al Ventura Tomé Queiruga y Javier Aguirre Ibáñez. Según fuentes citadas por Europa Press, el primero llevaba años fugado y no se le atribuye un alto grado de implicación en la banda actualmente. El segundo ya fue arrestado en 2006 por la Ertzaintza acusado de cometer actos de kale borroka.

Las mismas fuentes indicaron que el arresto de Tomé Queiruga se produjo en virtud de una euroorden dictada por la Audiencia Nacional para el cumplimiento de dos sentencias por atentados cometidos en la década de los 80. Al parecer, está acusado de colaborar con el comando Saioa, antes de que huyese a Francia en 1990. El mencionado comando colocó artefactos explosivos en bancos, supermercados y bares de Gipuzkoa y Navarra. El 3 de abril de 1985 colocó una bomba trampa a una pareja de la guardia civil, resultando herido uno de los agentes.

Fuentes jurídicas belgas aseguraron que Tomé Queiruga pasará a disposición judicial en las próximas horas (la Justicia belga permite un máximo de 24 bajo custodia policial), concretamente ante un juez de instrucción en Bruselas. Según la portavoz de la fiscalía general belga, citada por Efe, permanecerá en una cárcel de Bruselas a la espera de ser extraditado a España en un plazo que puede oscilar entre 10 y 90 días. En cuanto a Aguirre Ibáñez, según las fuentes citada por las agencias figura desde el pasado año en las páginas de Policía y Guardia Civil como uno de los terroristas más buscados, consiguió huir de una operación desplegada contra Segi en noviembre de 2009 en la que fueron arrestados 35 jóvenes. Nacido en Vitoria, se encontraba en paradero desconocido desde entonces.

conferencia de aiete Por otra parte, a última hora de la tarde de ayer Paul Ríos difundía vía Twitter que el sindicato ultraderechista Manos Limpias anunciaba en su web que ha presentado denuncia contra el responsable de Lokarri; el alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre; el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, y contra el responsable del CNI., por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y colaboración con banda armada, en relación con la organización y celebración de la Conferencia de Paz celebrada el 17 de octubre en Aiete. En la querella, se refiere a la red Lokarri como "organización etarra".