VITORIA. Es tiempo de sacrificios en todos los órdenes y cada vez son más los ciudadanos de la CAV convencidos de que una cesión parcial del terreno conquistado en el ámbito de los servicios sociales contribuiría a mejorar la situación económica de la CAV. Aun así, de acuerdo con una encuesta realizada por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, sólo dos de cada diez vascos creen que habría que recortar el número de prestaciones sociales que ofrecen las administraciones para lograr que Euskadi gane puntos en el terreno de la competitividad (21%). Frente a ellos se alza un 75% que opina que, pese a la crisis económica, se debe seguir incrementando el gasto social. Los profesionales consultados por los responsables de Lakua para la confección de este análisis se pusieron de parte de la mayoría ciudadana. El 90% de los expertos se mostró proclive a seguir aumentando el gasto en este apartado y el 95% manifestó su rechazo a la idea de que "el gasto público en servicios sociales se ha disparado y es urgente reducirlo".

Sin embargo, el sacrificio puede interpretarse desde el punto de vista opuesto y, así, más de seis de cada diez vascos ven preferible intensificar el gasto en servicios y prestaciones sociales, aunque ello conlleve tener que pagar más impuestos, a la opción de pagar menos impuestos, aunque ello signifique recortes en prestaciones y servicios sociales. La mayoría de los profesionales entiende por su parte que la mejor manera de garantizar la financiación del sistema vasco de ayudas, pasaría por una modificación del reparto de los fondos económicos entre las instituciones, dotando de más recursos a las instituciones que asumen más competencias en materia de servicios sociales.

valoraciones En cuanto al funcionamiento de las prestaciones dispensadas actualmente por el Departamento vasco de Empleo y Servicios Sociales, seis de cada diez ciudadanos lo valoran positivamente. Sin embargo, para casi una cuarta parte de la población la situación de estos servicios sería "mala", "bastante mala" o "muy mala", con lo cual puede interpretarse que se ha producido un retroceso en la valoración de los usuarios. Hace cinco años, antes de la irrupción de la crisis, el índice de ciudadanos que valoraban la situación de los servicios sociales como "muy buena" o "bastante buena" era del 68% -seis puntos mayor que en la actualidad-, mientras que quienes la consideraban "mala" o "muy mala" eran el 22%, frente al 27% actual.

También los profesionales del sector cuentan con una opinión formada a este respecto y valoran la situación más positivamente que los ciudadanos. El 86% de los encuestados sostiene que la situación de los servicios sociales vascos es "muy buena", "bastante buena" o al menos "buena". El 66% de ellos no cree, sin embargo, que el sistema vasco esté preparado para dar respuesta a las necesidades de la sociedad a medio plazo y sólo el 38% augura una mejoría del actual panorama en el futuro. El 35% considera que seguirá igual y el 26% que empeorará.

A juicio de los expertos, los aspectos más destacables en la actualidad son la formación y la cualificación del personal, el desarrollo legislativo -sobre todo la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Dependencia, seguidas de la Ley de Inclusión Social y Garantía de Ingresos-, así como la adecuación de la oferta a las necesidades sociales. En el lado opuesto, subrayan como los más problemáticos la coordinación interinstitucional, el equilibrio territorial y la implicación en el tejido comunitario.

Desde el punto de vista de la calidad, los recursos mejor considerados serían los centros de día, residencias y hogares para mayores. Por contra, los más deficitarios en estos mismos términos serían los servicios para los sin techo y los servicios de socioeducativos para jóvenes y adolescentes con dificultades sociales.