Vitoria. El PSE anunció ayer que en septiembre publicará las declaraciones de bienes y actividades de sus parlamentarios, e invitó al resto de grupos de la Cámara vasca a imitarles en la adopción de una medida que los socialistas rescatan del debate sobre el Estatuto del Político Vasco para debatirla en el Pleno, como parte de su estrategia frente a los malos resultados electorales.
En la actualidad, los parlamentarios deben presentar esa declaración ante la Cámara autonómica cuando toman posesión de su cargo, de tal forma que se puedan detectar incompatibilidades o presuntos enriquecimientos ilícitos si es preciso, pero esos datos no están a disposición del público, como sí ocurre en la Diputación alavesa, en el Congreso de los Diputados o en el Senado.
El portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, señaló que, pese a que el nuevo Reglamento de la Cámara no ha incluido este requisito, la publicación de los datos se puede llevar a cabo sin modificar la Ley, si se suscribe un acuerdo como el alcanzado, por ejemplo, en la Cámara Baja española. El objetivo es evitar que "la conducta de algunos aliente la duda sobre el propio sistema", dijo Pastor en referencia a un PNV contra el que cargó tintas en materia de transparencia.
El portavoz socialista abundaba así en la teoría lanzada desde el PSE en los últimos días, y que apunta a que episodios de presunta corrupción como el caso Miñano podrían esconder una financiación irregular de los jeltzales. "Sería bueno que el PNV, en lugar de hablar de conspiraciones ajenas, aclarase lo más rápidamente posible si las comisiones ilegales han tenido que ver con alguna inversión o actuación de PNV", afirmó Pastor.
"Es el único partido que aparece en todos los casos", afirmaba Pastor, quien aludió también a las supuestas irregularidades en el Departamento de Sanidad que investiga el Parlamento o a la negociación en la que EB pidió puestos y dinero a cambio de apoyar al candidato jeltzale a diputado general de Álava. Recordó además la negativa del máximo dirigente foral vizcaíno, José Luis Bilbao, a cruzar datos con otras haciendas, como proponía el lehendakari.
El guante lanzado por el PSE al resto de partidos fue recogido por UPyD, Aralar y EA. El portavoz del primer partido, Gorka Maneiro, apuntó a DNA que no sólo respalda la petición del PSE, sino que se va a sumar. "Una de las principales banderas de UPyD es la de la transparencia. Lo primero que hacemos al tomar posesión de nuestros cargos es colgar nuestras declaraciones de bienes en la web del partido", afirmó.
En cuanto a Aralar, su portavoz en el Parlamento, Aintzane Ezenarro, dijo no tener problema en hacer pública su declaración de bienes pues la formación abertzale ya ha hecho una propuesta similar en las Juntas guipuzcoanas hace un par de semanas. Eso sí no cree que la idea del PSE sea sencillamente un llamamiento a la transparencia. "Nos parece fantástico que entren en la campaña de Rubalcaba, pero es algo demasiado evidente", dijo.
Desde EA, Juanjo Agirrezabala negó que en la ponencia del Estatuto del Político Vasco se hiciera una propuesta formal al respecto, como afirmó Pastor, aunque dijo no tener "ningún problema" en que su declaración de bienes esté a disposición de los ciudadanos. "Ahora bien, la propuesta es más demagógica que eficaz porque no aporta nada que no se haga ya y arroja una sombra de duda sobre una institución modélica en este aspecto", apuntó.
Datos personales En el PP, Leopoldo Barreda se opuso a la propuesta del PSE pues, a su juicio, "hay que ceñirse al Reglamento", que no contempla la medida. "Son gestos para la galería y actitudes demagógicas, a nadie le importa cuál es mi dirección o mi número de cuenta corriente", protestó Barreda, quien recordó que esos datos ya obran en poder de la Cámara. El portavoz del PP no se opuso a debatir la cuestión, pero reclamó "privacidad" sobre ciertos datos personales.
"Es una decisión oportunista e incluso demagógica", apuntaban fuentes del PNV, "si tenemos en cuenta que en la Cámara existe una ponencia sobre el Estatuto del Político Vasco que está trabajando sobre el conjunto de derechos y obligaciones de los miembros del Parlamento". Para los jeltzales, el PSE trata de "desviar la atención" ante "la carencia de iniciativa política del Ejecutivo López y a la vista de los malos datos del empleo".
