madrid. Camps finalmente tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por haber aceptado, supuestamente, que le regalaran varios trajes los responsables valencianos de la trama Gürtel. Así lo decidió ayer el instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el juez José Flors, que, además, imputa a buena parte de la anterior cúpula del PP valenciano por el mismo delito: el exvicepresidente del Consell Víctor Campos, el exsecretario general del PPCV y actual miembro de la dirección del grupo popular, Ricardo Costa, y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

Lo que sorprende es que pese a que Camps se convierte así en el segundo presidente autonómico en ejercicio que se sentará en un banquillo por un delito de corrupción (el cántabro Juan Hormaechea fue juzgado y condenado en 1994 por malversación de fondos públicos), nadie desde su partido parece darse cuenta. Lejos de ello, su portavoz en el Govern, Lola Johnson, criticaba ayer al juez por procesar a Camps, aseguraba que la legitimidad del president se la han dado los resultados electorales y aseguraba que el barón valenciano no se plantea dimitir, sino "cumplir los cuatro años de mandato" que tiene. Para el equipo del gobierno valenciano que su presidente vaya a ser juzgado por corrupción no supone "ninguna variación política" ya que el Consell continuará trabajando con "total e incondicional apoyo al president".

Pero el empecinamiento de Johnson fue más allá y dijo que el Govern no es el único que no comparte el auto del juez Flors, sino que tampoco lo hacen "los valencianos, que en las pasadas elecciones dieron su apoyo a un proyecto de Comunidad Valenciana que está en marcha desde el primer momento". Interrogada por si cree que las urnas pueden sustituir a la justicia, la consejera se escudó en el resultado electoral "histórico" obtenido el 22-M y en el "mandato" que implica: "Seguir adelante con un proyecto para la Comunidad Valenciana, que mayoritariamente los valencianos han aceptado".

Desvarío de Barberá Más impactante aún fueron las declaraciones de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien dijo que "los mismos profesionales que quieren sacar al presidente de la Generalitat, a fuerza de banquillo, son los que han dejado entrar en la política a Bildu". En esa estrategia de huida hacia adelante, la valedora de Camps dijo estar "perpleja" porque él vaya a ser juzgado por unas pesquisas ordenadas por "la cúpula de Interior" que mantiene una connivencia "con la banda terrorista".

La misma estrategia de mirar a otro lado, aunque en este caso guardando silencio, es la que mantiene la dirección nacional del PP con su presidente, Mariano Rajoy, a la cabeza. Pero ese silencio es más grave si se tiene en cuenta que miembros del clan de Génova aseguraron a las agencias que el enjuiciamiento de Camps era algo "casi asumido", y que la Ejecutiva "no se plantea tomar ninguna medida contra el president". Además, creen que si es condenado, "pagará la multa y seguirá como presidente". Desde el PP, se recuerda que "llevan ya dos años con este caso y que hasta ahora no ha tenido repercusión electoral, ni siquiera en las pasadas autonómicas", por lo que creen que "este caso ya está amortizado".

fianzas El auto del magistrado Flors decreta abrir juicio oral al apreciar indicios de que Gürtel pagó unas prendas de vestir adquiridas por el presidente y el resto de imputados. Flors exige que los cuatro presten una fianza equivalente a la multa solicitada por el fiscal (41.250 euros para Camps, Costa y Betoret, y 35.000 euros para Campos) y un tercio más de esa cantidad para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pudieran declararse procedentes".

Asimismo, se da un plazo de quince días a las partes para que comparezcan ante la Sala de lo Civil y Penal; el presidente del tribunal del jurado será el magistrado Juan Climent, a quien corresponde la causa por reparto. La resolución del magistrado, que no es recurrible, se conoce tres días después de que se celebrara la vista previa para resolver si procedía la apertura de juicio oral.