vitoria. La Fiscalía alavesa ya tiene en su poder el informe final de las investigaciones de la Ertzaintza por un presunto caso de niño robado. El dossier en cuestión se basa en los cuatro meses de pesquisas que ha llevado a la policía vasca indagar en la denuncia de Noemí Soria, la primera persona que elevó su queja hasta la Fiscalía alavesa el pasado 16 de febrero para esclarecer si su hermana fue robada un 8 de noviembre de 1971 en la antigua clínica Arana. "Ya me han presentado el informe final de Noemí Soria y ahora lo estoy estudiando porque es muy voluminoso", explicó a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA el fiscal jefe, Josu Izaguirre.
Al igual que Soria, otras 93 personas que dieron a luz en Álava, según las contabilizadas por la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), tratan de averiguar si detrás del supuesto rapto hubo una trama de tráfico de niños orquestada con la finalidad del lucro. Pero sólo 26 de ellas se han atrevido a denunciar, a plantear la veracidad de los interrogantes que durante décadas se sucedieron en las conversaciones familiares. La mayoría de estas reclamaciones, 22, pertenecen a la segunda tanda que Anadir interpuso de forma conjunta el pasado 5 de abril y de las que en estos momentos, la Ertzaintza todavía interroga a las posibles víctimas. "Se les llama a declarar porque en principio no tienen documentación", matiza Izaguirre respecto a las sospechas sobre esta presunta trama, que tuvo su germen en el franquismo, pero que después se prolongó ilegalmente hasta la democracia.
Por exhorto Dentro de este tipo de interrogatorios también se incluyen las "declaraciones por exhorto", tal y como asegura Leire Fernández de Labastida, una de las portavoces alavesas de SOS Niños Robados, agrupación surgida tras la escisión de Anadir por negarse a establecer una cuota mínima mensual de tres euros a sus socios. Los testigos que han declarado por esta vía, la de exhorto, lo han hecho cuando un juez ha pedido ayuda a otro porque necesita su testimonio fuera del territorio de su propia jurisdicción. Sin ir más lejos, uno de ellos, tuvo lugar el pasado jueves 16, cuando una mujer vizcaína que alumbró en este territorio se acercó a Vitoria para dar su versión de las dudas por las que cree que su hijo no murió al poco de nacer.
Este paso por comisaría no ha resultado traumático para las posibles víctimas. "Están contentos con el trato que está teniendo con ellos la Ertzaintza", asegura Fernández de Labastida, quien fue la persona que el pasado 25 de mayo acudió al Parlamento Vasco para representar a los afectados alaveses. Su comparecencia, a raíz de una iniciativa de EB para explicar las dificultades por las que pasa este colectivo a la hora de recabar pruebas, tenía por objeto solicitar ocho tipo de ayudas diferentes a las administraciones vascas. Entre ellas, la de solicitar al Gobierno Vasco que se presente como acusación particular, si ve indicio de delito. Pese a que las peticiones eran muy concretas, la Cámara vasca ofreció tres respuestas: "Poner una oficina para centralizar todo en los teléfonos de atención psicológica y jurídica, que no se puede subvencionar las pruebas de ADN y proponer un fiscal coordinador general de los casos por niños robados en Euskadi", recuerda Fernández de Labastida. No en vano, Euskadi es la comunidad que lidera las denuncias por casos de niños robados, con 170, respecto a los más de 840 casos registrados en el Estado, de los que 108 corresponden a Gipuzkoa, 36 a Bizkaia y 26 a Álava. La figura coordinadora de los casos por niños robados recae en el fiscal jefe superior del País Vasco, Juan Calparsoro, quien según indicó recientemente, mientras en Gipuzkoa y Bizkaia las reclamaciones han sido remitidas al juzgado, en Álava las investiga la Fiscalía a través de la Ertzaintza.
Calparsoro reconoció que se trata de hechos "muy complicados" de investigar porque han ocurrido hace muchísimos años y normalmente los médicos están ya fallecidos. Aún así, insiste en que la intención de la Fiscalía es "impulsar la investigación hasta el final", pese a que en todo el Estado aún no ha habido ninguna imputación de los expedientes registrados desde los años 50 hasta bien avanzados los 80 o incluso al más tardío, de 1997, año en el que una persona sitúa la supuesta compraventa de bebés en la capital alavesa.
En caso de que la Fiscalía vea indicios de delito, tramitará los expedientes a la autoridad judicial, momento en el que empezarían a intervenir los letrados. Es el caso del centenar de denuncias que en el Estado se han derivado a los juzgados al haber observado indicios delictivos, que serán calificados como detención ilegal con el agravante de que afectaban a menores de edad.
