valencia. El Ministerio Fiscal tiene abiertas actualmente 849 investigaciones en toda España por casos de "niños robados, de los cuales 162 casos han sido ya trasladados a los juzgados al haber observado indicios delictivos, que serán calificados como detención ilegal con la agravante de que afectaban a menores de edad.
Así lo avanzaron en Valencia el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tras una junta de fiscales superiores autonómicos en la que se acordó unificar los criterios de actuación -entre ellos la calificación del delito- ante las múltiples denuncias por la desaparición de niños recién nacidos en un periodo comprendido entre los años 1950 y 1990.
Según concretó Conde Pumpido, de las 849 investigaciones abiertas en el conjunto de fiscalías territoriales, 162 han sido "judicializadas", y otras 38 que también fueron presentadas al margen de estos casos han sido archivadas por la inexistencia de indicios penales. En la Comunitat Valenciana se realizaron 45 investigaciones, dos de las cuales, una en Gandía y otra en la capital, Valencia, fueron remitidas a los juzgados. El Ministerio Público estableció dos protocolos de actuación que se trasladarán a todas las fiscalías territoriales para prestar atención personalizada a las víctimas y practicar pruebas de ADN, que ya habían comenzado a realizarse en algunas comunidades autónomas.
Los procedimientos con mayor desarrollo hasta el momento son los que se siguen en La Línea de la Concepción (Cádiz), donde hay doce casos distintos con una investigación policial "muy avanzada", en los que se han practicado pruebas genéticas y exhumaciones a instancias del Ministerio Público.
CASOS DESIGUALES Hay una gran diferencia entre unos casos y otros, y abarcan un periodo de tiempo muy prolongado; algunos asuntos llegan a una época relativamente creciente, ya en Democracia", reconoció. El fiscal general aseguró que existen "tramas" en puntos "concretos" cuyos responsables están empezando a ser identificados, pero descartó que el conjunto de las desapariciones se pueda atribuir a "una sola organización".
Por otra parte, la Junta de Fiscales Superiores, realizó un estudio de la estructura territorial del Ministerio Fiscal tras la reforma del Estatuto Orgánico que lo regula, así como de la organización y el funcionamiento de las fiscalías autonómicas, provinciales y de área. La Junta está integrada, entre otros cargos, por los máximos representantes del Ministerio Público en cada comunidad, bajo la supervisión de Conde-Pumpido. Su finalidad es procurar "la cercanía" del Ministerio Fiscal a la ciudadanía, para conocer sus "problemas específicos" y también los de los territorios.
"Para las garantías de los ciudadanos es muy importante que la Fiscalía actúe con unidad de criterio, garantice la unidad del ordenamiento jurídico y la igualdad de los ciudadanos ante la ley", dijo.
