GASTEIZ. El PSE-EE ha registrado una iniciativa en el Parlamento vasco para suprimir definitivamente las sanciones a las empresas que no rotulen y atiendan en euskera, que en algunos casos llegaban a los 600.000 euros.
La propuesta, según han explicado este miércoles en rueda de prensa los parlamentarios del PSE José Antonio Pastor y Vicente Reyes, plantea la modificación de la ley que regula estas sanciones, las cuales no han llegado a aplicarse debido a que el Parlamento aprobó el pasado año una moratoria sobre su ejecución, la cual expira el 27 de julio.
El PSE plantea cambiar la Ley de 2003 sobre el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, en la que se contemplan las multas para las empresas que no cumplan obligaciones lingüísticas como atender y rotular en las dos lenguas oficiales de Euskadi.
La normativa, aprobada durante el mandado de Juan José Ibarretxe, fija sanciones de entre 3.000 y 600.000 euros. Posteriormente, un decreto aprobado en 2008 desarrollaba la citada ley y fijaba los plazos y las características de las empresas afectadas por la norma.
8.000 EMPRESAS AFECTADAS
Las compañías a las que se refiere la normativa son las grandes cadenas comerciales y empresas de comunicación, transporte y servicios que operen en Euskadi. Los requisitos se fijan en función del tamaño y la ubicación de las compañías, entre otros factores. Según algunas estimaciones, habría 8.000 negocios afectados, que darían trabajo a 200.000 personas.
Pastor ha explicado que el objetivo de la reforma es fomentar medidas de impulso del euskera "que no generen rechazo" y que se "acomoden" a la voluntad de los ciudadanos.
En esta línea, ha destacado que las políticas a favor del euskera no pueden basarse en la "imposición" y han de buscar "la libre adhesión", tras lo que ha mostrado su deseo de que la iniciativa se apruebe con un "amplio consenso" en el Parlamento.
CATALUÑA
Respecto a la posible diferencia de discurso entre los socialistas vascos y los catalanes en relación a las sanciones por motivos lingüísticos, Pastor ha destacado que la realidad sociolingüística en ambos territorios es "distinta", dado que el uso del catalán está más extendido que el del euskera.
Por otra parte, ha advertido que la aplicación de sanciones por la vulneración de los requisitos lingüísticos en empresas produciría otros perjuicios, como la pérdida de puestos de trabajo, dado que la exigencia del conocimiento de la lengua vasca al personal de determinadas empresas supondría que quienes no son vascoparlantes acabarían "en la calle".
