WASHINGTON. La tempestuosa detención del economista francés, quien tenía por delante una prometedora carrera política en Francia, ha dejado descabezado al importante organismo financiero, que ya ha puesto en marcha su maquinaria para encontrar un sustituto.

El FMI ha anunciado que el lunes comenzará un proceso "abierto, basado en méritos y transparente" de búsqueda de candidatos, que concluirá el 30 de junio con la elección del nuevo director gerente de la institución.

Pese a que varios países emergentes han reclamado que deje de ser un europeo el que ocupe el cargo, todas las miradas se dirigen hacia la ministra de Finanzas francesa, Christine Lagarde, que despunta como la candidata favorita para suceder a su compatriota.

Con fama de inteligente y dura negociadora, Lagarde se ganó hoy el apoyo de la canciller alemana, Angela Merkel, quien afirmó que la francesa se encuentra en una "excelente posición" para ocupar el cargo.

No obstante, se espera que los países emergentes intenten presentar a sus propios candidatos para romper la tradición y hacer valer su peso creciente en la economía mundial. El periodo de nominaciones para la presentación de candidaturas se prolongará hasta el 10 de junio.

Mientras, Dominique Strauss-Kahn pasó hoy su primera noche fuera de la cárcel, confinado en un edificio del sur de Manhattan donde hoy se han concentrado fotógrafos, periodistas y curiosos en busca de una imagen del economista francés,

Strauss-Kahn abandonó ayer la cárcel neoyorquina de Rikers Island tras pagar una fianza de un millón de dólares y depositar un aval por otros cinco. El juez aceptó estos términos para confinar a DSK, como se le conoce en Francia, a un arresto domiciliario de alta seguridad.

Su esposa, la periodista Anne Sinclair, que ya se encuentra en Nueva York y los que los medios galos atribuyen una fortuna mayor que su marido, trató esta semana de alquilar un apartamento de 14.000 dólares mensuales en un edificio lujoso del Alto Manhattan, pero la comunidad de vecinos se negó a soportar el acoso de la prensa y la presencia policial.

Finalmente, y mientras se le encuentra un apartamento de mayor acomodo, las autoridades penitenciarias decidieron trasladar al reo a un edificio situado en el bajo Manhattan, cerca de la 'zona cero', y propiedad de la empresa de seguridad Stroz Friedberg (SF), a la que el juez Michael Obus ha confiado su custodia y vigilancia permanente y armada.

Este edificio de 20 plantas, cuenta con una vigilancia intensiva con cámaras de vídeo; el economista francés estará controlado a todas horas por un vigilante armado, y contará con un brazalete electrónico que desvelará en todo momento su paradero.

Strauss-Kahn -que deberá hacer frente a los costes de su vigilancia, unos 200.000 dólares al mes- sólo podrá abandonar el complejo para reunirse con sus abogados, para acudir a citas judiciales o médicas, y a servicios religiosos.

Apenas llegar anoche a este edificio, donde el alquiler de un apartamento de dos habitaciones ronda los 4.250 dólares, Strauss-Kahn tuvo ocasión de conocer a algunos de los vecinos que se encuentran en su misma situación.

El diario The New York Post entrevista hoy a Andrew Auernheimer, un pirata informático acusado de cometer un ataque contra la compañía telefónica AT&T que dejó al descubierto datos confidenciales de 120.000 usuarios del iPad, y que ayer coincidió con DSK en el edificio.

"Vi cuando llegaba por el pasillo, con todos los agentes de seguridad, y le dije que si quería pasar y le presente a unas pocas personas", asegura el reo en las declaraciones al periódico,.

"Es un tipo majo", apunta el hacker, de 26 años, quien cree que el francés "ha sido erróneamente juzgado por la opinión pública".

DSK, de 62 años y padre de cuatro hijas, fue acusado formalmente este jueves de siete delitos por abuso sexual e intento de violación de una inmigrante africana de 32 años, en un incidente ocurrido el pasado sábado, y por el que tendrá que presentarse ante una nueva vista judicial el próximo 6 de junio.

Esas acusaciones, que él negó cuando presentó su dimisión del FMI en una carta, conllevan penas de 3 a 25 años, y según fuentes jurídicas, de ser encontrado culpable en el juicio que comenzará en junio podría pasar hasta 74 años en una prisión.