El Gobierno ofrecerá una mayor protección a las inmigrantes ilegales maltratadas que denuncien

Así lo explicó el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien aseguró que el reglamento se basa en la relación entre inmigración y mercado de empleo y que ha sido "ampliamente" consensuado con sindicatos y empresarios y ONG.

Tras el Consejo, recordó que la norma incorpora algunas cuestiones relativas a la trata de personas, que tienen que ver muchas veces con la inmigración irregular y la violencia de género.

Sobre las inmigrantes ilegales que padecen violencia machista, señaló que si denuncian no significa que se las expulse, sino que "se para" el expediente, según la norma aprobada, aunque matizó que esto ya se viene haciendo en la práctica. "Algo que venimos practicando ya -subrayó-, que las mujeres que sufren violencia de genero y están irregularmente en España no tengan miedo al ir a la comisaria pensando que eso les va a suponer la expulsión". La protección se extiende a los hijos menores de víctimas de redes de trata de personas y violencia de género.

retorno Rubalcaba explicó, además, que el reglamento "alienta" el retorno voluntario, en el sentido de que quien desee volver a su país por quedar en paro "no pierda" los años de trabajo en España, sino que eso "le contabilice a todos los efectos" si regresa y "la economía, como parece, empieza a repuntar y se necesita mano de obra". "No es justo -dijo- que esa gente que ha ayudado al crecimiento económico español se vaya y nadie le reconozca que ha estado trabajando y se la equipare con aquellos que vienen por primera vez". El vicepresidente primero comentó que este asunto le ha llamado siempre la atención y que ha conseguido que el reglamento lo recoja ("lo digo a título personal, pero tiene sentido general", precisó).

La referencia del Consejo señala que habrá un procedimiento "más ágil y con más garantías" para las personas que se acojan a los programas de movilidad y retorno voluntario. Además, agregó Rubalcaba, se pretende ser "más riguroso" con el incumplimiento de la contratación para evitar el fraude de que un empresario traiga a un inmigrante para trabajar tres años y lo despida al siguiente. El reglamento impide a los empleadores que no hayan cumplido los compromisos asumidos contratar a otro trabajador extranjero en los tres años siguientes.

Pérez Rubalcaba inscribió la norma en la política general del Gobierno sobre inmigración: relación directa con el empleo; lucha contra la de tipo irregular y "procurar la integración" de los que vienen a España con los derechos y deberes y valores inherentes a la Constitución.

La referencia del Consejo añade que el texto normativo facilita también la colaboración entre administraciones y fortalece la cohesión social ante los "retos del nuevo ciclo migratorio".

El nuevo Reglamento de Extranjería se encontró ayer con el rechazo frontal de 80 organizaciones entre ONG, sindicatos, asociaciones y colectivos organizados en la Red por el Derecho a Tener Derechos. Todas ellas han suscrito un crítico manifiesto al considerar que la nueva norma generará "inseguridad jurídica" y provocará la "vulneración de derechos" del 12% de la población que vive en España.