madrid. El Tribunal Supremo (TS) ordenó ayer la apertura de juicio oral contra Baltasar Garzón por ordenar la grabación de las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados en el caso Gürtel y sus abogados. Formalmente los cargos que pesan contra el ex juez estrella son los de prevaricación y violación de las garantías constitucionales.
En el auto, el magistrado instructor de la causa en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, argumenta que Garzón "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" y que "le resultó indiferente" que las mismas no tuvieran otro contenido "que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa", señala. Jorge Barreiro considera que Garzón (suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional el pasado 14 de mayo), con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de lograr "por medios lícitos", accedió a las conversaciones de los abogados con los internos en los locutorios del centro penitenciario de Soto del Real, sin excluir a los letrados encargados de la defensa en el proceso penal.
conscientemente Con esta decisión -añade el instructor-, "conociendo la estrategia de las defensas o datos confidenciales que pudieran proporcionar los internos a sus abogados, dominaba completamente la evolución de la causa, de gran trascendencia mediática". Además, Barreiro resalta que "como era consciente el acusado de que la resolución que adoptaba tenía una capital incidencia en el derecho fundamental a la defensa, introdujo a modo de coletilla la prevención de que se garantizase ese derecho, cosa que sabía imposible en los términos en los que había dispuesto la medida". Se refiere de esta forma al auto dictado por Garzón el 19 de febrero de 2009 en el que ordenaba la grabación de las comunicaciones "previniendo el derecho de defensa".
El 6 de marzo de ese año, prorrogó las escuchas, con lo que, según Jorge Barreiro, "decidió continuar con la medida revalidando su ilícita decisión con la finalidad de aguardar nuevos frutos para su investigación".
La querella contra Garzón por estos hechos fue presentada el 9 de diciembre de 2009 por el abogado Ignacio Peláez, que defiende en el caso Gürtel al empresario José Luis Ulibarri, aunque posteriormente el Supremo admitió que se personaran también como acusaciones el presunto cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa, y su segundo, Pedro Crespo, que aún permanecen en prisión.
