vitoria. El reguero de indignación que las inesperadas a la par que abultadas facturas del gas propano de Repsol ha dejado a lo largo y ancho de la geografía alavesa va poco a poco dejando paso a la acción institucional. Diecisiete alcaldes de los municipios afectados por cargos "abusivos e inexplicables" en los consumos del gas durante diciembre y enero acudieron ayer a la convocatoria lanzada por el diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial, Iñaki Nafarrate. Se reunieron en Vitoria para decidir los pasos a seguir en defensa de los intereses de cientos de sus vecinos. Aunque la vía judicial no se desestima, queda aparcada por el momento a la espera de que los ediles obtengan una respuesta administrativa del Gobierno Vasco, organismo al que dirigirán todas las demandas -particulares y públicas- presentadas hasta ahora, así como una instancia formal pidiéndole que ofrezca soluciones concretas a los afectados.
Pese al buen tiempo que reina estos días en el territorio, las conversaciones en una treintena de localidades alavesas se centran todavía en el pasado invierno. Más concretamente en las razones que han llevado a la empresa suministradora de gas a facturarles un volumen tan desmesurado de consumo. Los alcaldes de los pueblos afectados por este inexplicable sobrecoste, insistieron ayer en que los desajustes sólo se han producido con Repsol -ni los clientes de Cepsa ni los de Primagas han recibido sustos en sus facturas- y en que los listados de Euskalmet confirman que este invierno ha sido ligeramente más cálido que el anterior, por lo que no se explican cómo con los termostatos fijados a la misma temperatura que siempre el volumen de metros cúbicos de gas quemados en la calefacción se ha disparado.
Aunque el Departamento de Industria del Gobierno Vasco tan sólo habló inicialmente de 25 reclamaciones, en la actualidad Repsol reconoce que se le han trasladado 370 quejas desde diferentes puntos de Álava. Sin embargo, esta cifra aumentará a lo largo de los próximos días cuando los alcaldes de los municipios afectados sumen las que aún están recopilando. Algunos de ellos cuentan con cerca de 150 que agregarán al total en las próximas horas.
Durante la próxima semana, una vez reunidas todas las reclamaciones, los alcaldes las trasladarán a la Dirección de Consumo del Lakua, área dependiente del Departamento vasco de Sanidad. Paralelamente, emplazarán a todos los vecinos a remitir de forma individual sus respectivas quejas a Repsol. Este será el primero de una serie de pasos que ayer se consensuaron en la reunión de los alcaldes.
resolución administrativa Cuando el Ejecutivo autonómico disponga de todas las demandas, los alcaldes tramitarán ante la Dirección de Consumo o el Departamento de Industria -o quizás ante los dos- una instancia oficial solicitando al Gobierno Vasco que se pronuncie sobre lo ocurrido. La idea consiste en obtener una resolución administrativa al respecto.
Dada la "poco satisfactoria" respuesta ofrecida desde Lakua hasta ahora en relación con el caso del propano, los alcaldes no confían en que esta resolución les vaya a brindar ningún apoyo, si bien esperan poder usarla para reforzar una futura y por ahora hipotética vía judicial. La sensación global transmitida ayer por los alcaldes con respecto al papel jugado por el Departamento de Industria y Repsol es que entre ambos han logrado evitar que se realizara un análisis fiable de los depósitos de propano que han dado problemas, ya que en el momento en el que se sugerían los puntos en los que se podían realizar los muestreos, la empresa se apresuraba a recargarlos con gas nuevo. Anulada la vía de la analítica, los ediles aguardan explicaciones plausibles.
