Vitoria. La presentación del anteproyecto de Ley de la Vivienda en Euskadi no oculta una radiografía de un sector que en Álava está en permanente estado de corrección. El caso es que la sucesión de acontecimientos ha logrado reconvertir el carácter lucrativo del mercado inmobiliario libre, que ha pasado en pocos años de ser un negocio seguro, hinchado por la especulación, a otro en el que cada vez es más complicado vender una propiedad. De hecho, según fuentes del sector consultadas por este diario, el proceso para lograr vender un piso se demora hasta ocho meses de media en la capital. Tal circunstancia deviene de la profusión de viviendas protegidas y de la inflación sufrida por el precio de las residencias en la última década previa a la crisis actual y que ahora el mercado trata de purgar en busca de un equilibrio real entre la oferta y la demanda.
Las consecuencias de la nueva realidad son evidentes en el ámbito inmobiliario, que ha visto cómo adelgazaban sus cuentas y cómo desaparecían buena parte de los advenedizos que decidieron probar suerte en el mercado de la compra y venta de pisos ante la promesa de pingües beneficios. En principio, la ampliación del tiempo preciso para encontrar comprador tiene consecuencias. La principal, que los precios de las viviendas en el mercado han de rebajarse hasta un 20% para acortar los tiempos. Esto se traduce, en términos absolutos, en la rebaja anual de más de 5.000 euros en el precio de venta de las moradas en el conjunto de la CAV. Pese a ello, Euskadi sigue siendo cara.
Sin ir más lejos, los precios en Álava siguen en las nubes, muy cerca del tope estatal. Los informes al respecto, emitidos a lo largo del pasado ejercicio por distintos portales inmobiliarios, sitúan al mercado inmobiliario provincial en el quinto puesto del ranking de los más caros en España, sólo por detrás de los de Madrid, Barcelona, Bilbao y Donostia. ¿El motivo? Los más de 3.000 euros por metro cuadrado en los que están tasadas las residencias gasteiztarras.
Todo ello lleva a los demandantes de vivienda a fijarse en el mercado de alquiler. En este sentido, la oferta de arrendamientos ha crecido a un ritmo del 15% en el último año y ha propiciado el repunte de los precios mensuales de las viviendas rentadas hasta alcanzar una media cercana a los 890 euros.
Pese a la incipiente bondad del mercado de alquileres, lo cierto es que en la capital alavesa habría más de 10.000 viviendas vacías de carácter libre, según las estimaciones de distintos colectivos sociales. Esta cifra, constante desde 2008, respondería a esa tendencia no escrita que certifica el interés de los propietarios por dejar deshabitados los inmuebles hasta que su precio de venta vuelva a revalorizarse en el mercado antes que sacarlas a renta.
Precisamente, en este ámbito es el que se pretende asentar la nueva legislación de Vivienda auspiciada por el actual Gobierno Vasco. No obstante, la falta de apoyos, al menos, visibles y previos al debate parlamentario de la normativa en ciernes, no auguran un futuro prometedor al anteproyecto. Sea como fuere, lo cierto es que éste pretende estudiar la posibilidad de gravar aquellos pisos que se encuentren vacíos. La fórmula para llevar a efecto tal circunstancia está aún por determinar.
En principio, la legislación en ciernes propone establecer un canon para las viviendas que, sin causa justificada, permanezcan vacías durante más de dos años. Aparte, la norma garantizaría el derecho subjetivo a la vivienda para las personas con mayores dificultades de acceso y riesgo de exclusión social. El anteproyecto pretende, además, regular el régimen jurídico de las VPO, reformular y reordenar los sistemas de prestaciones púbicas existentes de ayuda a la vivienda, regular la intervención en rehabilitación y regeneración urbana para eliminar obstáculos a estos procesos. Cabe reseñar, en este punto, que en la actualidad, una cuarta parte del parque residencial de la ciudad, 2.936 portales, tiene más de 50 años, especialmente, en Abetxuko, Judimendi, Lovaina, Mendizorroza, Coronación, Adurza y Ali-Gobeo.
Derecho subjetivo Respecto a la satisfacción del derecho al acceso a una vivienda pública se realizaría con la puesta a disposición del solicitante de una vivienda en alquiler o, en su defecto, de una prestación económica ideada para que el beneficiario pudiera acceder al mercado de la vivienda en condiciones dignas. Otro de los aspectos que prevé el anteproyecto es la consideración de vivienda vacía cuando esté desocupada de forma continuada durante más de 2 años, salvo que concurran motivos que lo justifiquen. Este punto es la base para el establecimiento de un canon que "podrán imponer" los ayuntamientos por un importe de 10 euros anuales por cada metro cuadrado útil.
