Bilbao. A la espera de que la izquierda abertzale ilegalizada haga pública la marca electoral y los estatutos con los que concurrirá a los comicios del 22 de mayo, el Gobierno español tiene ya perfilada su estrategia a seguir con este sector sociopolítico. El Ejecutivo liderado por Zapatero va a intentar por todos los medios que no participen en las elecciones, y para ello va a echar mano de todos los resortes políticos y jurídicos a su alcance. Sin embargo, el Gobierno español tiene asumido que se le van a colar algunas candidaturas, según ha podido saber DNA de fuentes de Moncloa.
El comunicado de ETA del pasado 10 de enero en el que la organización armada anunciaba un alto el fuego "permanente, general y verificable por la comunidad internacional" fue el punto de arranque del proceso para la legalización de la izquierda abertzale tradicional, que argumenta que el nuevo escenario le permitirá homologarse al resto de los partidos políticos y presentarse a las urnas, previo paso por el filtro de la Ley de Partidos.
Previsiblemente, presentará sus siglas y sus estatutos la próxima semana, para no interferir en la convocatoria de huelga general contra el recorte de las pensiones convocada para este jueves por ELA y LAB. Rufi Etxeberria, Txelui Moreno y Miren Legorburu han reiterado en las últimas semanas que la nueva marca rechazará expresamente la violencia como fórmula para hacer política, aunque no es previsible que se emplee el término condena, ni se aluda a ETA en los estatutos.
La legalización es uno de los caballos de batalla entre los partidos políticos vascos y apunta a erigirse en el argumento principal del debate político y electoral hasta los comicios. Los partidos firmantes del Acuerdo de Gernika (la antigua Batasuna, EA, Alternatiba y Aralar) reivindican la igualdad de todas las sensibilidades y formaciones políticas como paso necesario para avanzar hacia la pacificación y la normalización.
El PNV se desmarca de ese bloque, pero también aboga por la legalización de la antigua Batasuna bajo la premisa de que todo lo que sea apostar por la vía política supone ocupar espacios a la estrategia militar. En cualquier caso, la formación liderada por Iñigo Urkullu es partidaria de mantener el nivel de exigencia a ETA y pedir su desaparición sin paliativos ni medias tintas, y también a la izquierda abertzale oficial para que, si no lo hace, rompa definitivamente con ella.
LA "PRUEBA DEL 9" El Partido Socialista y el PP se sitúan en las antípodas y abogan por mantener una política de firmeza tanto contra la banda armada como contra la propia izquierda abertzale ilegalizada. En todo caso, en Ferraz y en Moncloa son conscientes de que la situación actual es mejor que la anterior a la declaración de alto el fuego y mantienen un discurso más laxo respecto del sector liderado desde la cárcel por Arnaldo Otegi. Las palabras del lehendakari Patxi López el pasado 14 de enero ante los consejeros y altos cargos de su gobierno así lo confirman ("hay que integrar en la democracia a los hasta ahora totalitarios"). Esas declaraciones las hizo al día siguiente de reunirse en Moncloa con el presidente Zapatero.
Sea como fuere, según ha podido constatar este diario en círculos próximos al presidente español, el Gobierno se plantea las elecciones de mayo como la prueba del 9 de la izquierda abertzale ilegalizada. "Estamos escamados de los anteriores procesos de Estella (Lizarra), Suiza y Loiola. No vamos a permitir que nos la vuelvan a meter y no estamos dispuestos a que la declaración de ETA pueda ser una trampa que sirva para la legalización y luego puedan volver a la violencia", señalan estas fuentes.
Atado en corto por el PP y las asociaciones de víctimas, que en los últimos años se han desarrollado y expandido hasta convertirse en un verdadero lobby político, el Ejecutivo de Zapatero tiene poco margen de maniobra a corto plazo para poner en marcha cualquier dinámica política que propicie la legalización de la antigua Batasuna. Le lloverían chuzos de punta desde la oposición y desde una opinión pública española a la que durante años ha educado con la asignatura de la ilegalización.
Sin embargo, en Euskadi las cosas son diferentes y los socialistas creen que es fundamental ganar la batalla de la opinión publica, que trata de disputarle la propia izquierda independentista argumentando que tanto ella como ETA han movido ficha, mientras que los gobiernos vasco y español se mantienen parados. Al contrario que en el ruedo ibérico, del Ebro para arriba casi tres de cada cuatro vascos están a favor de una solución dialogada al conflicto y de permitir la participación en las urnas de los ilegalizados.
Desde la óptica del Gobierno español, el calvario de la ilegalización sería la prueba del algodón para Arnaldo Otegi y los suyos. "Si después de esto mantienen su actitud y su estrategia actuales y perseveran en la línea política", el Gobierno español contempla un horizonte más propicio para la formación proscrita. Las fuentes gubernamentales a las que ha tenido acceso DNA sostienen que esa sería una buena señal y que permitiría avanzar hacia una legalización para las elecciones autonómicas de 2013.
el precedente de asb En el corto plazo, la estrategia del Gobierno español para hacer frente a las intenciones de la izquierda abertzale tradicional para filtrarse por las rendijas de la Ley de Partidos y estar en las urnas pasa por impedir que la nueva marca siquiera pueda inscribirse en el Registro del Ministerio del Interior. Para ello, prevé plantear un incidente de ejecución de sentencia contra la nueva sigla, tal y como hiciera en 2007 contra Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), partido creado entonces para concurrir a las elecciones, cuyas cabezas visibles no eran los portavoces tradicionales de Batasuna, aunque estos sí bendecían la iniciativa.
Por la vía del incidente de ejecución, el Gobierno español evitaría la necesidad de ilegalizar la nueva formación y se limitaría a probar ante el Supremo su continuidad de Batasuna. Intentaría impedir su inscripción en el Registro, no su ilegalización. Si el primer intento fracasara, Moncloa cree que habrá un plan B, que al igual que hace cuatro años pasaría por participar en las elecciones por medio de las agrupaciones de electores. En todas las candidaturas llevaban el nombre de Abertzale Sozialistak y seguidamente el nombre del municipio en el que se presentaban. Así, logró reunir hasta 246 listas. Todas ellas fueron anuladas por los tribunales. La alternativa fue ANV, partido histórico con el que logró colarse en numerosos municipios, logrando incluso 42 alcaldías en Hegoalde y 337 concejales. Este es el escenario que baraja el Gobierno español y el que quiere minimizar.
