madrid. Más de 400 presos, la mayoría condenados por delitos contra la seguridad vial o la salud pública, quedaron ayer en libertad en las primeras horas de aplicación del nuevo Código Penal, que entró ayer en vigor y que reduce las penas para el tráfico de drogas a pequeña escala.
En concreto, según confirmaron fuentes de Instituciones Penitenciarias, hasta las 12.00 horas de ayer, se habían recibido 408 mandamientos de libertad dictados por los tribunales tras examinar una a una las condenas y considerarlas ya cumplidas al aplicar la legislación más favorable al reo que recoge el nuevo Código Penal.
La reforma, que ha beneficiado hasta ahora a estos 408 presos que han obtenido la libertad, reduce las condenas para el tipo básico del delito de tráfico de drogas, que antes era castigado con penas de 3 a 9 años, y ahora se rebaja el máximo hasta los 6 años.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró ayer que con el nuevo Código Penal se rebajarán las penas a las "doscientos y pico" personas que se dedican a "trapichear" con la droga, según datos de Instituciones Penitenciarias, y no a las grandes organizaciones de narcotraficantes que, subrayó, tendrán penas más "severas".
Entre las reformas introducidas en el Código Penal se incluyen distintas novedades que afectan al tráfico. Así, el artículo 385 bis abre la posibilidad de que un juez decida decomisar el vehículo de un conductor que ha cometido un delito grave contra la seguridad vial.
Cuando se modificó en el Congreso de los Diputados el Código Penal, el director de la DGT, Pere Navarro, ya advirtió de que esta medida sólo se utilizaría de manera "excepcional como alternativa a la prisión". "Se le abre la posibilidad al juez, en función de las circunstancias especiales y excepcionales, de que en algún caso pueda considerar el comiso del vehículo", señaló entonces Navarro.
No obstante, la introducción en Código Penal de esta posibilidad ha generado críticas en algunos club de automovilistas. En este sentido, Automovilistas Europeos Asociados (AEA) considera "desproporcionada" esta medida y asegura que, tal y como está redactado el Código Penal, "el decomiso no se ha contemplado como una medida excepcional, sino que debe aplicarse en todas las condenas por delitos contra la seguridad vial". Por ello, prevé que aproximadamente unos 50.000 automovilistas al año se quedarán sin coche.
Igualmente, se incrimina por primera vez de manera diferenciada el acoso laboral, entendiendo por tal el hostigamiento psicológico u hostil en el marco del cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, y el acoso inmobiliario, para defender a las víctimas de ataques dirigidos a obligarles a abandonar su viviendas.
