Nueva York. La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció ayer que las fuerzas de seguridad de Marruecos cometieron "repetidos abusos" y golpes a los saharauis detenidos tras los disturbios del 8 de noviembre en las afueras de El Aiún. "Las fuerzas de seguridad marroquíes también atacaron directamente a los civiles", concluye la organización en su último informe sobre la situación, en el que también pide a las autoridades de ese país que cese "inmediatamente el abuso contra los detenidos y realice un investigación independiente" a ese respecto.

HRW dijo que no ha podido comprobar por sí misma la cifra de muertos y heridos, aunque sí ha comunicado al ministerio del Interior marroquí que tiene pruebas de que agentes marroquíes "dispararon el 18 de noviembre en El Aaiún hiriendo a civiles", y que también protagonizaron otros "ataques violentos contra saharauis. Al día siguiente, las autoridades marroquíes lo negaron". "Las fuerzas de seguridad tienen derecho a usar la fuerza de manera proporcionada para prevenir la violencia y proteger las vidas, pero nada justifica golpear a las personas bajo custodia hasta dejarles inconscientes", afirmó ayer la directora de HRW para África y Oriente Medio, Sarah Leah Whitson, mediante un comunicado de prensa, en el que aparecen los testimonios de varias víctimas.

acusación HRW acusa a esas fuerzas de seguridad de haber actuado junto a "civiles marroquíes en acciones de castigo contra civiles y hogares saharauis, además de impedir a los heridos saharauis acceder a tratamiento médico". Asimismo señala que las autoridades del país magrebí detuvieron tras los incidentes a cientos de habitantes de El Aaiún, de los que "todavía retienen a un centenar. Nueve han sido trasladados a Rabat" como parte de la investigación que "sigue un tribunal militar, según han comunicado a HRW sus abogados".

Según la organización, en los ataques del 8 de noviembre participaron policías de unidades antidisturbios y fuerzas auxiliares, "que asisten a otros cuerpos de las fuerzas de seguridad y que no forman parte del ministerio del Interior". Asimismo dijo que HRW ha detectado abusos en las detenciones durante el proceso de custodia, "incluidas palizas que dejaron a algunos de los detenidos inconscientes, además de que les orinaron encima y les amenazaron de violación". "El abogado de uno de los detenidos comunicó al juez que su cliente había sido violado, y muchos otros recibieron palizas y otros abusos", relata la organización, que señala también que Marruecos no ha permitido a los familiares de los detenidos ir a visitarles.

En su informe incluye, entre otros, el relato del saharaui Ahmed Jadahlou Salem, de 34 años, que dijo a HRW que en la mañana del desmantelamiento de Gdeim Izik, fue detenido por gendarmes marroquíes que lo "golpearon y patearon hasta perder la consciencia. Cuando despertó, todavía en el campamento, recibió patadas en el pecho y lo arrojaron a un camión", en el que había "otras 30 ó 40 personas esposadas" y heridas, que fueron trasladadas a la gendarmería, en donde de nuevo fueron golpeados.

veto informativo La organización humanitaria denuncia igualmente las restricciones para el acceso a la información que Marruecos ha impuesto sobre El Aaiún, permitiendo la entrada con cuentagotas de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.

HRW informó además de que las autoridades Marroquíes impidieron dos veces que uno de sus investigadores tomase un avión hacia El Aaiún el 11 de noviembre, aunque al día siguiente le permitió el vuelo y que permaneció en el territorio hasta el 16 de noviembre realizando entrevistas a civiles y policías, al igual que al gobernador de El Aaiún, Mohamed Jelmous.