madrid. El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre varios informes policiales que apuntan a tres adjudicaciones a empresas implicadas en la trama corrupta que alcanzan al Gobierno de Castilla y León. Fuentes judiciales señalaron que una de las adjudicaciones se refiere a un centro de residuos en Salamanca, cuya construcción se adjudicó por 22 millones de euros a las empresas Sufi y Teconsa, implicadas en la red corrupta que encabezaba Francisco Correa. Otra de las supuestas operaciones ilícitas se relaciona con la adjudicación de la variante de Villanueva de Mena. Esta infraestructura se construyó cuando el presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, era consejero de Fomento. El tercer contrato fraudulento sería el de la variante de Olleros de Alba, en León.
Según apuntaba ayer la Cadena SER, las empresas de la trama pactaron casi 800.000 euros en comisiones por la adjudicación de estos contratos. Los principales beneficiarios de las mismas serían Silvia Clemente, consejera de agricultura de Castilla y León, y José Manuel Fernández Santiago, presidente de las Cortes de aquella comunidad, ambos altos cargos del PP.
Los contactos en Madrid de la trama Gürtel habrían sido Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote, quienes supuestamente recibieron 60.000 euros cada uno por la adjudicación del centro de residuos de Salamanca y 24.000 por la variante de Villanueva de Mena. El alcance de la trama a la Junta de Castilla y León ya estaba patente en el sumario. Así, consta un informe que indica que la constructora Teconsa, que ganó el concurso para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros a Francisco Correa, quien a su vez repartió supuestamente el botín entre los dirigentes del PP.
