vitoria. Han sido meses de debate, desencuentros y mucha incertidumbre, sobre todo para el sector de la hostelería. Sin embargo, el Ayuntamiento gasteiztarra cuenta ya con una nueva ordenanza que regulará el funcionamiento de bares, discotecas y otras superficies, como pueden ser los supermercados, con el fin de reducir ruidos y que los vecinos puedan descansar, pero haciéndolo compatible con el derecho al disfrute.

La nueva normativa, cuyo contenido ya fue adelantado por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, salió adelante ayer con los votos favorables de PSE, PNV, PP y con la abstención de EA, que considera que el texto contiene ciertos "aspectos equivocados". El Gobierno municipal contempla que su entrada en vigor se produzca antes de que finalice el año, y su prioridad será actuar sobre los establecimientos que cuentan ya con alguna sanción por superar los decibelios permitidos. Éstos no tendrán más remedio que hacer obras si no se quieren enfrentar a multas que pueden llegar a alcanzar los 300.000 euros.

Aunque las dos ordenanzas aprobadas ayer -Ruido y Vibraciones, y Hostelería- profundizan en aspectos como los horarios de apertura de los locales, la evacuación de olores de cocina, las distancias entre bares o las medidas de control, es el capítulo de la insonorización, sin duda, lo que más ampollas ha levantado en el sector.

La Ley establece que todos los bares de la ciudad, independientemente de su tamaño o de su uso, van a tener que estar blindados acústicamente. "Aunque sea un local que no dé problemas, donde la gente se reúna a echar la partida", explicó ayer la concejala de Medio Ambiente, Alba Cañadas. A todos ellos se les va a dar un plazo "razonable" de 12 años para que hagan las modificaciones oportunas con el fin de adaptarse a la nueva ordenanza. En otras palabras, deberán emprender una serie de reformas que, dependiendo del estado en el que se encuentre el local, podría suponer un gasto cercano a los 200.000 euros.

La decisión afecta sobre todo a los bares de barrio, los cerca de 600 locales que, debido a su antigüedad, carecen de esa insonorización que ahora se les requiere. Sólo hay una forma de evitar tener que pasar por el aro, aunque eso conlleve una serie de contraprestaciones. El Ayuntamiento plantea a los establecimientos que no puedan o quieran afrontar la reforma, pasar a la categoría inmediatamente inferior a la que ahora tienen. Es decir, en lugar de bares, serán degustaciones. Eso significa que podrán seguir vendiendo alcohol, pero tendrán que echar la persiana dos horas antes -a las 22.30 entre semana, y los viernes y vísperas de festivo, a las 23.30 horas-.

El Gobierno municipal, fruto del estudio de las alegaciones, ha accedido a flexibilidar el tiempo que se dará a estos establecimientos para proceder al aislamiento acústico. Inicialmente se había fijado un plazo de cinco años, aunque al final podrán disponer de doce. Cañadas aseguró que para todos ellos, y siempre en función de la disponibilidad presupuestaria, va a habilitar una línea de subvenciones. "Las instituciones vamos a apoyar esa reconversión, porque somos conscientes de que la hostelería es motor económico y que es importante que esté saneada económicamente", añadió.

No obstante, el Ejecutivo de Lazcoz asegura que su prioridad en esta primera fase de la entrada en vigor de las ordenanzas será actuar contra aquellos bares que ya hayan dado problemas de ruidos y tengan alguna sanción. Ellos van a ser los primeros en tener que remodelar sus instalaciones para acabar con las molestias a los vecinos. "Vamos a ver qué posibilidades hay para empezar a obligarles ya", afirmó la titular de Medio Ambiente.

supermercados Pero la ordenanza no sólo afecta a los bares de toda la vida, los bares de barrio. Sus tentáculos apuntan también en otra dirección, en concreto a los comercios de alimentación de más de 300 metros ubicados bajo edificios de viviendas, es decir, los supermercados. Según la nueva normativa, éstos deberán acreditar disponer de un recinto de carga y descarga completamente insonorizado, un problema menor para la grandes cadenas, ya que la mayoría cumple con este requisito. No ocurre lo mismo en el caso de los bazares o tiendas de gran tamaño, la mayoría regentadas por ciudadanos de origen asiático, que deberán adaptar sus instalaciones. Precisamente gracias a una alegación presentada por EA, se ha conseguido que el pequeño comercio urbano quede al margen de esta exigencia. "No podíamos permitir la barbaridad de exigir a cada frutería, pescadería, carnicería o mercadillo de barrio disponer del espacio para que un camión no descargue el género en la calle".