MADRID. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa se ha sumado a la petición realizada al juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel', por el portavoz del PSPV-PSOE en Las Cortes Valencianas, Angel Luna, para que expulse a la representación procesal del Partido Popular como acusación popular por su posición "fraudulenta en el proceso penal que investiga la trama de corrupción.

Ambas partes sostienen que no es apropiado mantener esta acusación, puesto que los imputados en este proceso penal son o han sido "en su mayoría afiliados a dicho partido político". En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se critica que "un supuesto acusador popular" haya desnaturalizado su posición y se haya convertido "objetivamente en una defensa más".

"La posición que está adoptando la Dirección Técnica del Partido Popular en el presente proceso, es 'contra natura legis', posición que al legislador decimonónico le resultaba impensable que se produjese un fraude de ley como el que se viene observando", recoge el escrito remitido al magistrado instructor.

De este modo, ambas partes solicitan al juez "acordar la pérdida de la legitimidad y consecuente expulsión del Partido Popular con acusación popular en las presentes actuaciones".

Por otro lado, el diputado regional Benjamín Martín Vasco ha solicitado a la Sala de lo Civil y Penal del TSJM poder tener acceso a las conversaciones intervenidas por orden del ex juez Baltasar Garzón en la prisión de Soto del Real. Estas comunicaciones forman parte de una pieza secreta que se abrió a raíz del incidente de nulidad planteado por la declaración de ilicitud de las citadas escuchas.

En el escrito, el letrado de Martín Vasco asegura que hechos que conciernen a su cliente aparecen probablemente mencionados en dichas conversaciones. "Es imposible saber qué actuaciones pueden quedar afectadas por las intervenciones ilícitas si se desconoce el contenido íntegro de las conversaciones", ha señalado.

"La Policía, el Instructor, la Fiscalía, incluso esta Sala han escuchado la totalidad de las grabaciones. Resulta paradójico que el imputado sea el único que no puede acceder de manera completa. Ello supone una vulneración del principio de igualdad de armas y causa indefensión. Aunque se haya acordado su ilicitud, el acceso de las partes acusadoras a la información que contienen ya se ha producido", ha criticado el abogado.