BRUSELAS. La Comisión Europea presentará la próxima semana un informe con enfoque "político y legal" sobre la polémica deportación de rumanos y búlgaros de etnia gitana en Francia, tras días recordando a París su obligación de "respetar" las normas europeas que protegen a los ciudadanos comunitarios, pero sin aclarar si cree que se están cumpliendo en este caso.
Entre otras exigencias, la legislación de la UE establece que las expulsiones deben ser estudiadas "caso por caso" y demostrar que la persona afectada plantea problemas en áreas como la seguridad o la salud pública en el país que le acoge.
El portavoz comunitario de Justicia y Derechos Fundamentales, Matthew Newman, explicó que el Ejecutivo comunitario "toma nota" de que el Gobierno galo mantiene que "todo está en orden y que ha seguido las normas". Y recordó que se trata de un asunto competencia de los gobiernos europeos.
Newman matizó que la Comisión es "responsable de comprobar" que se cumple la legislación europea "y es exactamente lo que estamos haciendo", si bien no quiso aclarar qué tipo de contactos o acciones ha tomado Bruselas para hacerlo.
REUNION EN PARIS
El informe de la vicepresidenta y comisaria de Justicia, Viviane Reding, se publicará días antes de que París reúna el 6 de septiembre a los ministros de Interior de los llamados 'grandes' Estados miembros --Italia, España, Reino Unido, Alemania, Grecia y Francia-- para abordar cuestiones de inmigración.
Se trata de un encuentro "informal" en el que no caben decisiones, según aseguró el portavoz comunitario para restar importancia al hecho de que la Comisión Europea, tradicionalmente presente en estas reuniones, no ha sido invitada esta vez.
La agenda de la reunión tampoco se ha dado a conocer, pero el ministro italiano de Interior, Roberto Maroni, ya adelantó el pasado fin de semana que aprovechará la cita para hablar de la posibilidad de expulsar a ciudadanos de otro Estado miembro que no pueden mantenerse económicamente por sí mismos, una vieja reclamación italiana.
