IRUÑEA. Para Jiménez, "partimos de la no aceptación y somos manifiestamente contrarios a la existencia de la violencia de ETA, pero consideramos que podría ser un gesto positivo y preludio que permitiese visualizar la aceptación de los movimientos que a favor de la normalización y pacificación definitiva de nuestra sociedad se están dando".

El coordinador de Aralar en Nafarroa ha señalado en un comunicado que "este precedente o preludio daría la credibilidad sobre los nuevos tiempos sustentados en el ejercicio de las vías exclusivamente políticas y el reconocimiento de todos y cada uno de los derechos humanos". Asimismo, ha indicado que "la búsqueda de la normalización de la sociedad vasca y española requiere dar pasos serios y definitivos que permitan comprobar sin ningún tipo de duda la veracidad y convencimiento en la apuesta por dichas vías".

Según Jiménez, "siendo la razón y prioridad fundamental la erradicación de la vulneración de derechos humanos que estas amenazas suponen sobre las personas afectadas, empezando por el derecho a la vida, esta realidad tiene además consecuencias también importantes que mediatizan el día a día de dichas personas y de las instituciones".

De igual forma, Jiménez ha defendido que "no se puede justificar y resulta sangrante el precio que el conjunto de la sociedad tiene que soportar como consecuencia de estas amenazas, mediante la derivación de cientos de millones de euros para garantizar la seguridad de estas personas amenazadas".

"Resulta hiriente que en una situación de grave crisis económica como la que atravesamos y en la que se están produciendo importantes recortes económicos que afectan e influyen en servicios básicos o derechos sociales, sigamos distrayendo cientos de millones de euros de nuestros presupuestos, miles de los del Estado por la existencia de estas amenazas", ha destacado. Así, ha afirmado que "si se diese el levantamiento de las amenazas, se debería proceder de inmediato a desmontar desde los gobiernos los costosos sistemas de seguridad creados".

Por último, Jiménez ha valorado que "ha llegado la hora de poner también este tema encima de la mesa". "ETA debe de forma inmediata levantar las amenazas contra estas personas, como antecedente y preludio del cese definitivo, de forma que se produzca la no vulneración de ningún de sus derechos y se libere a la sociedad de las consecuencias que en forma de carga económica le supone", ha concluido.