La política penitenciaria se ha convertido en uno de los principales activos del Ministerio del Interior en la lucha contra ETA. Alfredo Pérez Rubalcaba ha abierto un nuevo frente, al margen de la presión policial y judicial, que se basa en una premisa muy sencilla: cuanto más se aleje el preso de ETA, más cerca estará de Euskadi, y viceversa. Hasta ahora, la estrategia se ha llevado con relativa discreción. Se ha optado por lanzar periódicos globos sonda a la opinión pública mediante cuidadas filtraciones que persiguen testar si la sociedad española, y principalmente los damnificados por el terrorismo, están preparados para que los miembros de ETA que cumplan ciertos requisitos establecidos en el Código Penal de 2003 (arrepentirse de forma oficial o resarcir económicamente a las víctimas) entren en un proceso gradual de reinserción en la sociedad.

Villabona, en Asturias; Zuera, en Zaragoza; y Nanclares de la Oca, en Álava, son las tres estaciones por las que pasan los presos en el proyecto de Rubalcaba, en función del grado de compromiso del interno con la disidencia del EPPK, el colectivo de presos de ETA.

La ausencia de atentados y el hecho de que los políticos de la izquierda abertzale estén tratando de tomar el timón del movimiento independentista juegan a favor de la estrategia de Rubalcaba. En su contra lo hacen el nombre y el historial terrorista de algunos de esos presos que están encabezando el boicot desde dentro al frente de makos. La última de ellas fue Idoia López Riaño, miembro del comando Madrid más activo de la historia de ETA. Este movimiento es tan simbólico (a la Tigresa, ex compañera de Iñaki de Juana o Urrusolo Sistiaga, también arrepentido, se le imputan al menos 23 asesinatos), como arriesgado.

Entre las asociaciones y fundaciones de víctimas las opiniones no son unánimes, pero sí existe una línea de pensamiento común a la mayoría de ellas, la que avala, aunque con reservas, una cierta desconfianza y mucho dolor, los movimientos en las cárceles. Todas exigen que el arrepentimiento les llegue de forma personal a las víctimas. Hay quien, como la AVT, se opone frontalmente a la política de Interior, y precisamente ha sido el traslado a Nanclares de López Riaño el paso que les ha llevado a plantarse ante Rubalcaba. Para la AVT, se ha traspasado la "línea roja" con un traslado del que la asociación no fue informada.

Desde Covite, la asociación de víctimas vasca, prefieren no pronunciarse, pues se encuentran dentro de "un proceso de reflexión", aseguran, que desembocará en una asamblea general que se celebrará en noviembre y que designará al nuevo presidente, tras la salida del colectivo de Cristina Cuesta.

Otras asociaciones sí han dado su opinión a DNA sobre la posibilidad de reinsertar a quienes renuncien a la violencia. Joaquín Vidal, presidente de la Asociación Andaluza de Víctimas, confiesa los sentimientos encontrados que le inspiran estos movimientos en las cárceles. "Siempre hemos dicho que lo vemos regular, no sabemos si ese arrepentimiento es verdadero. Tenemos muchas dudas, pero queremos que se acabe definitivamente con tanto sufrimiento", explica Vidal.

El portavoz de las víctimas andaluzas de ETA, del 11-M o del atentado de Al Qaeda en Casablanca, apuesta por "dar un voto de confianza los gobernantes, y más con el PSE y el PP gobernando juntos en el País Vasco". La Asociación Andaluza de Víctimas nació en 1995 y presta apoyo jurídico, económico y psicológico a sus 800 asociados.

El presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, ACVOT, José Vargas, corrobora que no es fácil asimilar que algunos presos puedan obtener beneficios e incluso permisos de salida, en virtud del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite elaborar un tratamiento a la carta a presos específicos, combinando las características que se decidan de cada grado de reclusión. "Para nosotros esta salida de presos es muy dolorosa como víctimas, pero entendemos que hay que ser respetuoso con la legislación vigente, hay que cumplirla a rajatabla", asegura Vargas, quien reclama a Interior que sea exigente en el aspecto del arrepentimiento, para que al menos llegue a sus destinatarios directos. "Nos gustaría que los textos de esos presos que supuestamente se arrepienten, pues a nosotros no nos han enviado ninguna carta, se hagan públicos y nos lleguen", explica.

La directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Euskadi, Maixabel Lasa, incide en la misma cuestión. Que se cumpla la Ley no quiere decir que estas medidas no causen dolor a las víctimas. Que ese dolor exista no quita para que la disidencia en las prisiones se vea, en parte, como una luz al final del túnel. "Esas cosas producen sufrimiento y dolor a las víctimas, y eso la gente lo tiene que ver clarísimo, pero de alguna forma es positivo, supone una esperanza", explica.

También subraya Lasa la necesidad de que el arrepentimiento sea claro. "Hemos reivindicado siempre que se reconozca el daño causado", explica, y "aunque son muy poquitos todavía los que están tomando esta postura, y que incluso hablan de reparación, algo de lo que nunca se ha hablado, lo veo de forma positiva".

Hace apenas dos meses, Natividad Rodríguez, viuda de Fernando Buesa y presidenta de la Fundación que lleva el nombre el político socialista asesinado por ETA, fue la primera en pronunciarse con respecto a la posibilidad de ofrecer medidas de reinserción a los presos de ETA que rechazaran la violencia.

En el número de mayo del boletín de la fundación, Rodríguez vislumbraba cercano el fin de ETA, un escenario al que no se puede llegar pagando "réditos políticos" y ante el que planteaba las condiciones que a su juicio se deben dar para poner en marcha un proceso de reinserción. "Una vez comprobado el final definitivo de la actividad terrorista, y únicamente en ese momento, la democracia española, dentro de lo previsto en el ordenamiento jurídico, podrá propiciar medidas favorecedoras de la reinserción de los terroristas presos", apuntaba. En ese momento "será necesaria la proclamación por parte de los terroristas de la ilegitimidad de la violencia para conseguir fines políticos, el reconocimiento y la reparación del daño causado y la asunción de la legitimidad del Estado de Derecho".

Si Natividad Rodríguez fue la primera en pronunciarse sobre la posibilidad de reinsertar a los miembros de ETA que se desvinculen de la violencia, una de las últimas en hacerlo fue Maite Pagazaurtundua. Unas horas después de que la Ertzaintza arrestara al presunto asesino de su hermano, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo incidía básicamente en la misma línea que la mayoría de las asociaciones consultadas por DNA.

Pagazaurtundua "acataría gustosa" beneficios legales para el asesino de su hermano. "Si asume que la estrategia de ETA ha fracasado, podría empezar a buscar el camino que va de la necesidad a la virtud y a lo mejor, después de años privado de libertad, empatiza con los seres humanos con los que no empatizaba y entiende el dolor". Dos días antes, en Santander, Pagazaurtundua confesó la "desazón" que causan a las víctimas traslados como el de Idoia López Riaño y reclamó que, "si hay arrepentimiento, nos enteremos y no nos hagamos trampas".