parís. El Gobierno francés anunció el retraso de dos años de la edad legal de jubilación. El anteproyecto prevé incrementar progresivamente la edad legal de jubilación de los 60 años actuales a los 62, objetivo que se pretende alcanzar en 2018, con la intención de combatir las consecuencias de la crisis económica y evitar la quiebra futura del sistema de pensiones.
Al presentar el plan, el ministro francés de Trabajo, Eric Woerth, advirtió que, de no acometer la reforma, el sistema de jubilaciones corre el riesgo.
Tanto la oposición como los sindicatos rechazaron el plan, y los últimos han convocado a una huelga general el próximo 24 de junio.
La principal central sindical, la CGT reiteró su llamamiento a la huelga tras calificarla como de "brutal" porque plantea un retroceso social "sin precedentes" al igual que dijo que sería mejor que el Gobierno lo volviera a elaborar. Por otro lado, Jean-Claude Mailly, secretario general del sindicato Force Ouvrière (FO), calificó el plan de "injusto socialmente". Al mismo tiempo, el Gobierno anunció que aumentará el tiempo necesario para reunir los derechos a una pensión de jubilación máxima. El Gobierno calcula que, en la práctica, el tiempo necesario para cobrar la pensión máxima de jubilación llegará a los 41 años y cinco meses en 2020, como consecuencia de la evolución demográfica de la sociedad francesa y por el incremento pronosticado de la esperanza de vida.
La edad a partir de la cual un trabajador podrá jubilarse aun sin haber cotizado el tiempo necesario para cobrar el máximo de pensión se ampliarán dos años, desde los 65 a los 67, precisó el Ejecutivo francés. El ministro Woerth agregó que los trabajadores que tengan una incapacidad física de al menos el 20% podrán seguir jubilándose a los 60 años y que quienes hayan comenzado a trabajar antes de los 18 años, podrán hacerlo antes de los 62.
Las medidas que presentó el Gobierno lograrán que el sistema de pensiones esté equilibrado en 2018, sobre la base de que en 2024 se haya vuelto a una situación de pleno empleo, que el Ejecutivo equipara con un índice de paro del 4,5% (frente al 10,1% actual).
El Gobierno estimó ayer que, si no se aplican reformas, el déficit del sistema de pensiones aumentaría en 10.000 millones, desde los 32.300 millones de euros en 2010 a 42.300 millones de euros en 2018.
En el anteproyecto se detallan, además, otras medidas destinadas a incrementar la financiación del sistema público de pensiones y que tendrían que aportar un total de 3.700 millones de euros más en 2011.
Los déficit acumulados en el sistema nacional de pensiones serán financiados por el Fondo de Reserva para las Jubilaciones hasta que se consiga equilibrar las cuenta.
Esto se logrará subiendo los impuestos, como el incremento en un punto de las retenciones en el tramo superior de las rentas más elevadas. Dejándolas en un 41%. Lo cual se hará como "aportación de solidaridad" con el envejecimiento de la población, explicó el ministro de Trabajo, quien dijo que la medida recaudará 230 millones de euros en una primera fase.
También mencionó que habrá incrementos de las retenciones por plusvalías mobiliarias e inmobiliarias, sobre los dividendos y los intereses, así como sobre las opciones sobre acciones.
