Madrid. El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha citado al juez Garzón el próximo 10 de mayo para interrogarle como imputado en un delito de prevaricación y otro contra las garantías de la intimidad, por intervenir las conversaciones mantenidas por los tres presuntos cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados en la prisión de Soto del Real. Se tratará de la tercera ocasión en los últimos meses en la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 comparecerá como imputado ante el Alto Tribunal, tras haber declarado ya el 9 de septiembre y 15 de abril en relación con las otras dos querellas que se tramitan contra él: la primera por prevaricar al investigar las desapariciones del franquismo y la segunda por un presunto cohecho y prevaricación en relación con los cobros que obtuvo por dirigir unos cursos en la Universidad de Nueva York.

El pasado 16 de abril el Supremo confirmó la admisión a trámite de la tercera querella contra el juez Garzón, presentada como acusador particular por el ex fiscal de este órgano y abogado de uno de los imputados del caso Gürtel Ignacio Peláez. Peláez es el letrado que defiende al empresario imputado José Luis Ulibarri, aunque después se adhirieron los abogados José Antonio Choclán, en nombre de Francisco Correa, y Gonzalo Rodríguez-Mourullo, en representación de Pablo Crespo, todos ellos como acusaciones particulares.

Esta estrategia contra el juez estrella se puso en marcha poco antes de que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara todas las escuchas autorizadas por Garzón, al considerarlas ilegales por vulnerar el derecho fundamental a la privacidad de las conversaciones entre abogado y defendido.

En torno a este caso el Supremo cree que no existen "razones suficientes para excluir con toda certeza la hipótesis de la existencia de los delitos mencionados".

cargos Peláez destacaba en su querella actuaciones "irregulares" de Garzón durante la instrucción de Gürtel antes de que el magistrado de la Audiencia Nacional se inhibiera de la causa el pasado 5 marzo en favor del Supremo (en el caso de dos aforados nacionales) y de los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia. El abogado comenzaba denunciando que se incumplieron las normas de reparto de la Audiencia Nacional, pues las diligencias fiscales que originaron el caso Gürtel fueron remitidas directamente a Garzón alegando su conexión con otra investigación preexistente (caso BBVA) a pesar de lo cual el juez no abrió pieza separada.

Además, Garzón habría tardado cinco días -entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2008- en notificar a dos de los imputados cuyas conversaciones fueron intervenidas -Correa y Pablo Crespo-, que debían nombrar a otro letrado, al haber sido también imputado José Antonio López Rubal, que era el abogado que hasta entonces tenían. Igualmente, según la querella, Garzón habría prorrogado la intervención de las comunicaciones en prisión, a pesar de que quince días antes ya se había declarado incompetente en esta causa.