GASTEIZ. La Cámara ha aprobado esta resolución, propuesta como una enmienda transaccional del PSE-EE y Aralar a una iniciativa original de este partido, con el apoyo de estos dos grupos, el PNV y Ezker Batua.

Se han opuesto PP y UPyD. Eusko Alkartasuna no ha participado en la votación.

El texto aprobado muestra la preocupación del Parlamento Vasco por la "situación laboral y personal, desde el cierre del Euskaldunon Egunkaria, de los imputados en el citado juicio".

El juicio quedó visto para sentencia el pasado 1 de febrero, en la sexta sesión de la vista oral en la que el fiscal sostuvo que en la misma no ha quedado acreditada la vinculación del periódico con la banda terrorista ETA, tesis contraria a la del juez Juan del Olmo, que clausuró el diario en 2003.

Por ello, pidió la absolución de Martxelo Otamendi, Ignacio María Uria, Juan María Torrealdai, José María Auzmendi y Javier Oleaga, para quienes las acusaciones populares representadas por las asociaciones Dignidad y Justicia y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) piden penas de entre 12 y 15 años de prisión.

Andoni Ortuzar (PNV) ha recordado que en un Estado de Derecho el cierrede un medio de comunicación es "algo totalmente excepcional y grave" yha defendido que Egunkaria, pese a que la línea editorial era críticacon su partido, "enriquecía el mundo de las ideas".

Oxel Erostarbe (Aralar) ha lamentado que decida lo que decida la Audiencia Nacional "el daño está hecho", porque ha habido una "tremenda vulneración de los derechos a la libertad de expresión y de información".

Erostarbe ha preguntado quién va a "reparar el daño" personal a los imputados y el "daño que el cierre de un periódico ha hecho a la sociedad".

José Antonio Pastor (PSE-EE) ha considerado "claramente excesivo" el periodo de siete años que ha durado el procedimiento y que va a haber "difícil reparación" si hay una sentencia absolutoria.

Pastor ha explicado que la posición de su grupo es "coherente" con lo que han mantenido los socialistas vascos y que se basa en las conclusiones de la Fiscalía.

Carlos Urquijo (PP) ha centrado su intervención en el apoyo socialista a esta iniciativa, que ha calificado de "inadmisible" y la segunda actuación más grave del PSE-EE desde que está en el Gobierno tras no apoyar en la Cámara una iniciativa para instar la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV.

Urquijo ha destacado que "por suerte hay una acusación popular" en el caso y ha descalificado el acuerdo aprobado hoy por suponer una "injerencia inadmisible y una presión intolerable" del Legislativo sobre el Poder Judicial.

Gorka Maneiro (UPyD) también ha denunciado lo "escandaloso" que, a su juicio, es que un parlamento se pronuncie sobre un juicio, en un caso "evidente de interferencia" de un poder sobre otro, algo "bochornoso en un Estado de Derecho".

Jesús María Larrazabal (EA) se ha mostrado muy crítico con el texto transado, por insuficiente, y ha defendido la enmienda que había presentado al texto original de Aralar, en la que proponía al Parlamento que condenase las "torturas denunciadas" por cuatro de los imputados.

En su intervención, Larrazabal ha insistido en que "los servidores del Estado", en referencia a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "sirvieron al Estado torturando" a los imputados.

Mikel Arana (EB) ha considerado que si la Justicia "es lenta, no es justa" y ha mostrado su solidaridad con los imputados, tres de los cuales se encontraban en la tribuna del público.