Vitoria. El socio preferente del Gobierno de López no quiere que esta ventajosa posición diluya su condición de adversario político del PSE a poco más de un año de una nueva cita con las urnas. Inmerso en los equilibrios que la dualidad de su labor política requiere, presentará este jueves en la Cámara vasca sendas iniciativas para reforzar el control parlamentario sobre la acción del Gobierno, propuestas que en ambos casos han sido enmendadas a la totalidad por el PSE y sobre las que, según ha podido saber este periódico, están negociando ambas bancadas para buscar una alternativa consensuada.
La pertinente tramitación parlamentaria ha retrasado hasta ahora el debate en Pleno de las citadas iniciativas, que los populares registraron a mediados de noviembre; es decir, un periodo de tres meses en los que PSE y PP han ofrecido muestras de la sintonía generada tras las elecciones autonómicas a través, entre otros ejemplos, del encuentro que reunió en enero a delegaciones de ambos partidos para revisar las alianzas alcanzadas en abril de 2009 y el anuncio de la reunión que Patxi López y Antonio Basagoiti mantendrán dentro de dos semanas con idéntico objetivo.
El orden del día del plenario del jueves -el primero de la semana, ya que al día siguiente se celebrará la sesión destinada al control del Gobierno- incorpora en su cuarto punto una proposición mediante la que el PP quiere acentuar el "compromiso de regeneración democrática y ética adquirido" mediante la elaboración del calendario legislativo. La presentación del almanaque sumaba un elemento de control más para la oposición, sobre todo después de las críticas que ha generado la ausencia de un programa de gobierno en esta legislatura.
El Gabinete López se comprometió a remitir cada seis meses un informe que aglutine los datos de cada departamento sobre la evolución del calendario a la Secretaría General de Coordinación, una de las cuatro áreas que recoge la Presidencia del Gobierno. Pero para el PP esta iniciativa no es suficiente y por ello solicita que el informe también se derive al Parlamento Vasco con el objeto de que todos los grupos tengan constancia de si el PSE cumple los ritmos legislativos anunciados o no.
En su segundo planteamiento, la formación presidida por Basagoiti requiere al Gobierno Vasco que comparezca en comisión al inicio de cada periodo de sesiones -febrero y octubre- para informar sobre el "grado de cumplimiento" de los acuerdos alcanzados en el Legislativo autonómico, una iniciativa enmendada ahora por el PSE pero que en términos similares, aunque sin fijar periodicidad alguna, contó con su visto bueno en la anterior legislatura. En su texto alternativo, los socialistas se limitan a recordar la celebración de los plenos de control que recoge el nuevo Reglamento.
expectativas Fuentes socialistas reconocieron ayer los contactos que mantienen con representantes del PP para alcanzar una salida pactada a estas demandas. También lo hicieron desde la bancada popular, donde mostraron su preocupación por "enterarnos de modificaciones en el calendario legislativo a través de los medios de comunicación".
El portavoz del Grupo Popular, Leopoldo Barreda, destacó que esta insistencia en el refuerzo del control parlamentario "no debe sorprender" a los socialistas cuando este partido es "tradicionalmente el más activo en la Cámara" en este sentido. Según el dirigente popular, las iniciativas que se debatirán el jueves en el Parlamento a instancias de su partido son un reflejo del "ejercicio de transparencia y cercanía" que el PP considera que debe ejercer el Gobierno Vasco ante el Legislativo autonómico.
La propuesta del partido conservador para sistematizar las comparecencias del Ejecutivo requerirá del apoyo del PSE para salir adelante, ya que el PNV no la respaldará. Así lo confirmaron ayer fuentes nacionalistas, que después de votar en contra de una iniciativa similar que pactaron socialistas y populares vascos en la anterior legislatura -y que salió adelante a pesar de los sufragios contrarios del tripartito- van a seguir siendo "coherentes" con la postura que defendieron hace cuatro años, cuando el lehendakari Juan José Ibarretxe estaba al frente del Gobierno.
