franco estaba agonizando, la clase política miraba cada parte médico como si fuera una tesis constitucional. Todos pensaban ya en el día después de su muerte. Unos para reinstaurar la democracia, otros para hacer la revolución y otros para mantener su estatus. Entre estos últimos estaba la cúpula de un Ejército, asustada por la incertidumbre sobre su futuro tras la inminente muerte del dictador.
El ejemplo portugués daba pavor a los cimientos del régimen. El desgaste sufrido por el ejército luso en Angola y Mozambique propició que un grupo de capitanes protagonizaran la revolución de los claveles y la salida de las colonias de ultramar. Lo más arcaico del franquismo político y militar no estaba dispuesto a soportar algo así y urdió un plan para salir del Sahara. La única premisa era que el territorio no cayera en manos de los pro argelinos del Polisario que llevarían el comunismo a la colonia española.
Todo esto era confirmado años más tarde por quien fuera en aquel entonces el ministro de la Presidencia, Antonio Carro, quien además fue el encargado de presentar ante las Cortes los acuerdos de descolonización: "Nada más grave podía haber ocurrido en las postrimerías de Franco, o en plena transición hacia la monarquía, que la reintegración a la Patria de un ejército desgastado, sin una victoria clara, y con la moral quebrantada. Precisamente ésta había sido la espoleta que fulminó al salazarismo y al caetanismo en Portugal el 25 de abril de 1974. Con esta enseñanza tan próxima, España tenía que huir de la trampa existente. El Gobierno español tenía que tomar la iniciativa y no podía seguir a remolque de los acontecimientos con la actitud puritana y pasiva de no tomar decisiones en torno a todos los intereses en juego".
El plan era secreto, de hecho se desarrolló a espaldas del propio ministerio de Exteriores franquista, dirigido por Pedro Cortina Mauri, más proclive a aceptar las resoluciones de la ONU. En Naciones Unidas España se había comprometido a descolonizar el territorio y ha celebrar un referéndum de autodeterminación. Tanto es así que incluso había elaborado un censo de la población saharaui, conocido como el censo español de 1974.
España había ingresado, no sin muchos esfuerzos, en 1956 en la ONU y en un primer momento siguió los pasos de Portugal -que negaba tener colonias, sólo provincias de ultramar- y mantuvo que los territorios africanos eran provincias españolas "ultramarinas" y no colonias por lo que no era necesaria ninguna descolonización. Así lo argumentó ante la Asamblea General el embajador español, Manuel Aznar, en diciembre de 1958.
un bilbaíno enfadó al régimen Dos años más tarde, la diplomacia española daba un giro a su planteamiento y reconocía por medio de su embajador ante la ONU, el bilbaíno José Félix de Lequerica, que no eran provincias, sino territorios no autónomos -los que se deben descolonizar-. Y ahí comenzaron una serie de desencuentros entre el ministerio de Exteriores y el sector duro del franquismo, atrincherado en el ministerio de la Presidencia. De Lequerica era cesado, junto a toda la delegación ante la ONU.
En 1961 se repitió la contradicción entre el embajador de entonces, Jaime de Piniés y la Presidencia del Gobierno. El enfrentamiento se agudizó años más tarde entre el ministro de Exteriores, Fernando María Castiella y en portavoz de El Pardo, almirante Nieto Antúnez, quien llegó a manifestar públicamente su malestar con la postura española en la ONU, proclive a la descolonización del Sahara.
Estos desencuentros explican que la fase final de la retirada española se pactara en secreto y sus actores fueron el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón -que ostentaba la jefatura de Estado debido a la convalecencia de Franco-; el ministro de la Presidencia, Antonio Carro; el jefe de la cúpula militar, general Gutiérrez Mellado; el presidente del Gobierno, Arias Navarro y el ministro Secretario General del Movimiento, José Solís Ruiz. Entre ellos tramaron y pactaron la Operación Golondrina -así se denominó la retirada española-, primero con Marruecos y Mauritania y luego sólo con Marruecos.
Franco se moría y había prisa por cerrar ese frente. Mientras, en la península, todo el debate de la oposición antifranquista se centraba en la construcción de una etapa democrática basada en la legalización de todos los partidos políticos, una amnistía general, reinstauración de los estatutos de autonomía y elecciones a un Parlamento constituyente tras la muerte del dictador. El Sahara quedaba bastante lejos en aquellos momentos.
En la ONU, la diplomacia española había admitido la celebración de un referéndum provocando que Marruecos interpelara al Tribunal Internacional de Justicia. Incluso aceptó la visita de una Misión de este organismo, tras la cual España ya hablaba de "transferir" los poderes, aunque no se detallaba a quién. El Tribunal Internacional reconocía, en octubre de 1975, vínculos jurídicos de vasallaje entre las tribus saharianas y el sultán de Marruecos, pero ningún tipo de soberanía marroquí sobre territorio saharaui. La respuesta de Hassan II fue la Marcha Verde. El monarca alauita montaba en camiones a 350.000 marroquíes -hombres, mujeres y niños- y los enviaba, junto con 25.000 soldados, a tomar "pacíficamente" el entonces Sahara español.
Esto acabó por desesperar a los militares que cada vez veían más claro que allí no tenían nada que ganar y sí mucho que perder. Los famosos fosfatos saharauis no valían la pena.
Todo se aceleró el grupo partidario de la entrega del Sahara (Juan Carlos de Borbón, Arias Navarro, Gutiérrez Mellado y Solís Ruiz) enviaba a Solís a Rabat, quien a su vuelta no informó ni a Exteriores ni a la delegación española en la ONU.
Por su parte, el jefe del estado franquista, príncipe Juan Carlos de Borbón, viajaba a el Aaiún, el 2 de noviembre de 1975, para declarar que "España cumplirá con sus compromisos". Éstos pasaban en ese momento por el referéndum de autodeterminación. El propio Hassan II llegó a decir más tarde que Juan Carlos de Borbón "engañó deliberadamente a los presentes.
El día 18, a 48 horas de la muerte de Franco, otro de los miembros del grupo, el ministro de la Presidencia, Antonio Carro defendía en las Cortes los Acuerdos de Madrid (firmados el día 14) por los que se cedían los poderes a Marruecos y Mauritania consumándose la salida del Sahara, unos acuerdos declarados posteriormente nulos por la ONU, que sigue reconociendo hoy a España como potencia descolonizadora.
La Ley de Descolonización del Sahara -de 19 de noviembre- se publicaba el 20, el día en que murió Franco, lo que da idea de la prisa que tenían de dejar aparcado el espinoso tema saharaui para centrarse en que los acontecimientos posteriores a la muerte del dictador no abocaran a una ruptura con el franquismo. Para el 28 de febrero de 1976 ya no quedaba ni un soldado español en el Sahara, la población saharaui había huido a la llegada de las tropas marroquíes, que les bombardeaban con napalm.
