Vitoria. Hay cosas destinadas a perdurar eternamente. La polémica surgida alrededor del proyecto urbanístico ligado a un campo de golf en Labastida es una de ellas. Intereses económicos y políticos no siempre bien explicados, y decisiones judiciales de distinto signo se han sucedido desde que el plan urbanístico liderado por varios inversores privados y apoyado por el PP y por varios concejales entonces del PNV -ahora tránsfugas y en el Ejecutivo municipal junto a los populares-, se tambaleara ante los indicios de irregularidades que concitaron la atención de fiscales y periodistas. Ahora, vuelve a haber novedades. Y significativas. Una nueva sentencia judicial abre las puertas a la revisión de la validez de cinco acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de la villa riojanoalavesa en 2003 y 2004 -años de gobiernos municipales del Partido Popular-, decisiones que tuvieron como resultado la cesión de terrenos públicos a la sociedad privada San Ginés de Labastida, promotora del complejo Golf&Wine.
Aquellas cinco decisiones ensalzaban la necesidad de crear un green y calificaban como "estratégico" el proyecto ligado al campo de golf. Además, aprobaban la constitución de una sociedad pública llamada Labastida Gestión Municipal y una posterior ampliación de capital de ésta. Los dos últimos acuerdos daban el plácet a la cesión de terrenos de Labastida Gestión Municipal a San Ginés de Labastida y a la adquisición por parte de las arcas municipales del 20% de ésta, que ya contaba por entonces por los terrenos cedidos por el Consistorio popular.
Con aquellos acuerdos se facilitaban los primeros pasos de un proyecto que incluía sobre el papel de los planos 18 hoyos y alrededor de 750 viviendas en una superficie de un millón de metros cuadrados en el área de San Ginés, en una zona de una riqueza medioambiental poco cuestionable. De hecho, desde el Departamento de Biodiversidad del Gobierno Vasco se determinó que la inversión ocupaba suelo protegido -en concreto, 11,3 hectáreas consideradas zonas LIC y ZEPA-, apreciación que ya había sido esgrimida por la Diputación alavesa en 2006.
Sea como fuere, lo cierto es que la nueva decisión judicial, aún recurrible, es sencilla y contundente. En un auto de pocas páginas, al que ha tenido acceso DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA, el magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 falla en contra del recurso del anterior alcalde, Iñaki Gil Orive (PP), contra Torrolate, una asociación vecinal que en 2007 decidió alegar ante el Consistorio de Labastida -entonces gobernado por Higinio Arinas (EB)- la nulidad de los cinco acuerdos aprobados por el gabinete popular.
El caso es que el primer edil Arinas -apoyado por su formación, por los munícipes jeltzales antes de que fueran expulsados del PNV y por un concejal independiente- admitió a trámite la acción de nulidad de Torrolate, que fue remitida de inmediato a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA) -órgano asesor al estilo del Consejo de Estado- para su estudio y análisis.
Para enredar aún más la madeja jurídica que envuelve el proyecto Golf&Wine desde su nacimiento, el entonces concejal del PP Gil Orive interpuso un recurso en el Contencioso Administrativo contra la referida decisión de Arinas y contra Torrolate, a la que deslegitimaba para alegar la acción de nulidad. Acompañó su apelación con informes jurídicos municipales, que daban por hecho que el alcalde no era competente para hacer lo que hizo.
Sin embargo, el titular del Contencioso Administrativo número 3, Antonio Sánchez, ha decidido desechar la alegación de falta de legitimidad contra la asociación a la hora de presentar la acción de nulidad y desestimar el recurso de Gil contra la resolución de Arinas, que acordó la admisión a trámite de la petición de revisión de oficio a instancias de la citada Torrolate.
Desenlace final Dicha resolución abriría de facto las puertas a la revisión de la conveniencia de las decisiones aprobadas por el gabinete de Gil en favor del desarrollo del proyecto urbanístico. Sin embargo, hay un matiz que hay que tener en cuenta. El 20 de mayo de 2009 tuvo lugar un Pleno en el que el PP y los tránsfugas del PNV interponían una moción de censura contra Arinas. Ganaron y accedió a la Alcaldía uno de los ex jeltzales, Iosu Landa. Acto seguido (13 de julio de 2009), en la primera sesión plenaria tras el cese del alcalde de EB, los votos de los populares -partido que inició el contencioso- y los tránsfugas revocaron la revisión iniciada por Torrolate antes de conocer la sentencia judicial que ahora les es adversa. Es decir, ahora gobiernan los que recurrieron la postura de los vecinos y de Arinas.
