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Iñaki Subijana Presidente de la Audiencia de Gipuzkoa

“Hay delito sexual cuando el autor introduce a la víctima en un contexto sexual que ésta no quiere”

La nueva doctrina lo deja claro: cualquier tocamiento o roce no consentido con intención sexual implica un ataque a la libertad sexual y es delito de abuso. Subijana entiende que a partir de ahora se plantea “un escenario de seguridad jurídica”.

Jorge Napal Ruben Plaza - Sábado, 13 de Octubre de 2018 - Actualizado a las 06:04h

Iñaki Subijana.

Iñaki Subijana.

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Iñaki Subijana.

donostia- Al margen de la finalidad del autor de los hechos, la etiqueta o calificativo de toda injerencia en la libertad sexual de la mujer es la de delito de abuso sexual. “Ese es el primer mensaje que hay que tener claro, y a partir de ahí plantearnos qué sanción imponemos a esa conducta una vez que la hemos calificado”, precisa Iñaki Subijana, presidente de la Audiencia de Gipuzkoa.

¿Se acabaron las discrepancias entre los jueces con la nueva doctrina del Supremo?

-Se deben terminar, porque la función que tiene la doctrina del Tribunal Supremo es precisamente esa, fijar criterio en la interpretación de las normas jurídicas. Tienen que desaparecer las discrepancias que, según parece, existían entre determinadas audiencias a la hora de calificar estas conductas de abuso sexual o vejatorio. También tengo que señalar a renglón seguido que me llama la atención que existieran esas discrepancias.

¿Por qué?

-Porque no entiendo que si llegamos a la conclusión de que una mujer ha sido introducida en un contexto sexual no voluntario, le demos una significación que no sea sexual.

La doctrina puede interpretarse como un llamamiento a filas de los jueces. ¿Qué escenario se plantea?

-Se plantea un escenario de seguridad jurídica. El Código Penal no ha cambiado. Evidentemente, define el abuso sexual como lo ha venido haciendo hasta ahora. Pero el Tribunal Supremo es el máximo intérprete de la ley penal y lo que ha hecho es fijar un criterio de interpretación respecto a estas conductas y, por tanto, la función institucional que cumple el Tribunal Supremo lleva a que los jueces interpreten la ley penal conforme a ese criterio. Ese es el escenario futuro.

¿Qué subyace en la diferente interpretación de estas conductas?

-Algo que sigue siendo cuestionable, y que esta última sentencia del Tribunal Supremo tampoco lo clarifica. Es decir, para que exista un delito sexual, no hace falta que la finalidad del sujeto sea sexual, sino que lo que hace falta es que el contexto sexual exista.

¿Qué quiere decir?

-Que lo determinante es, en cada caso, saber si el autor introduce a la víctima en un contexto sexual que ésta no quiere, independientemente de cuál sea la finalidad del autor. Puede ser no sexual, puede ser la de humillar, vejar, hacer daño... Ahí esta el quid de la cuestión.

Supongamos que una persona le toca el culo a una mujer sin su consentimiento. ¿Podría llegar a entrar en prisión con la nueva doctrina del Supremo?

-Para mí, eso es abuso sexual antes, ahora y después. Lo es porque se está introduciendo a una mujer en un contexto sexual que ella no quiere. Y ante ese tipo de situaciones, calificándolas como abuso sexual, el Código Penal permite dos posibles penas a imponer: la de multa o la de prisión. Lo razonable en términos de proporcionalidad es que el juez o tribunal valore la gravedad y entidad de ese hecho dentro de su categorización como abuso sexual y a partir de ahí motive por qué acude a la pena más aflictiva (prisión) o la de multa. Eso depende del análisis de cada caso concreto.

Durante la Aste Nagusia donostiarra una chica disfruta de la disco festa de la Zurriola. Se le acerca un varón y le somete a tocamientos en un contexto festivo... ¿Cómo debe actuar la justicia a partir de ahora?

“La sociedad del vértigo somete a posicionamientos precipitados. Hace falta tiempo para ponderar los términos de una denuncia por agresión”

-Hay que diferenciar dos tipos de mensajes que debemos dirigir a la sociedad. El primero, cómo valoramos la conducta conforme al Código Penal. Y en segundo lugar, qué sanción imponemos a esa conducta una vez la hemos calificado. Son dos mensajes distintos. El ejemplo que expones me dibuja inequívocamente un contexto sexual no voluntario. Esa chica ha sido instrumentalizada sexualmente por el sujeto activo que le ha sometido a tocamientos. Por tanto, es un contexto sexual. Las coacciones protejen la libertad de las personas. El abuso sexual protege esa misma libertad en la esfera sexual. Es decir, desde el punto de vista de la calificación, de manera inequívoca esa conducta es un abuso sexual. Estamos hablando de una ingerencia indebida en la libertad sexual de esa mujer, que no ha tenido opción de decidir si quería o no quería esa interacción.

Pero según la nueva doctrina, ¿cabe la posibilidad de que se decreten medidas de ingreso en prisión por este tipo de conductas?

-Ahí entraríamos en el segundo plano. Es decir, una vez que hemos definido qué es abuso sexual, cabe plantenarse qué sanción le imponemos a ese abuso sexual. Y ahí el Código penal abre el abanico. Nos habla de la pena de prisión, o la de multa. ¿Qué va a determinar que sea una u otra? La gravedad de la conducta. Es decir, si no tiene unos elementos de gravedad lo suficientemente intensos como para justificar una pena de prisión, apuntaría, en términos de proporcionalidad, a una pena de multa, eso sí, de multa penal. Es una valoración de cada caso. Tenemos que terminar con el tabú de pensar que la única pena que existe es la pena de prisión. Caben diferentes modelos de ejecución. Hace falta ver la fotografía completa, sin mezclar los carriles.

Imaginemos que se opta por la pena más aflictiva, la de prisión...

-En ese caso habría que motivar, en términos de proporcionalidad, porqué se toma esa decisión. Al hablar de proporcionalidad me refiero al ajuste entre la gravedad del hecho y la entidad de la ingerencia de la sanción. Pero insisto. En nuestro modelo legal, el abuso no conlleva que necesariamente se cumpla la pena de prisión, entendiendo por cumplimiento el ingreso en prisión, la ejecución penitenciaria. En nuestro modelo existen otras modalidades de cumplimiento que pasan por la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, incluso condicionándola a, por ejemplo, el seguimiento de un programa de educación sexual o actividades formativas en materia de igualdad de género.

De modo que nos encontramos ante dos mensajes que conviene diferenciar...

-Sin duda. Uno sería el mensaje que lanzamos a la sociedad cuando valoramos algo. Ahí el mensaje inequívoco es que se trata de una injerencia en la libertad sexual de la mujer. Por tanto, su etiqueta o calificativo es delito de abuso sexual. El segundo mensaje sería plantearnos qué sanción imponemos a ese abuso sexual. Y ahí llega la valoración desde el punto de vista de la proporcionalidad. No hay que mezclar los dos mensajes. Una es la calificación o valoración y otra es la pena.

El caso de ‘la Manada’, el 8 de marzo... ¿La justicia se siente actualmente presionada por el contexto social?

-Indudablemente, el contexto social siempre está ahí. Pero a la hora de definir y valorar qué ha ocurrido, no hay elementos de contextualización social. Lo que hay es un elemento de valoración de la calidad de la prueba desde el respeto a la presunción de inocencia. E insisto. Esa conducta siempre ha estado en el Código Penal, donde debe estar. Nunca he entendido el desajuste de colocarla donde no tiene que estar. Si hay un elenco de delitos sexuales que protegen la libertad sexual, lo que quiere decir es que cualquier conducta que violenta la voluntad libre y autónoma de la víctima es una injerencia en su libertad sexual. Una cosa es que la justicia tenga que interpretar las normas conforme a la realidad social y otra es que la realidad social determine como hay que interpretar las normas. Es una diferencia importante

De modo que no siente presión alguna...

-Yo no la siento. Existen reivindicaciones legítimas de un sector importante de la ciudadanía que forman parte del paisaje como otras muchas reivindicaciones. Tenemos que acostumbrarnos a la política pública democrática, conviviendo con muchísimas opiniones y reacciones sociales. Ante ello, la justicia también es democrática, y tiene que vivir con normalidad las manifestaciones críticas de los sectores sociales.

¿La política de tolerancia cero puede dar pie a posicionamientos excesivamente apresurados, alimentados por las redes sociales?

-Estamos en la sociedad del vértigo que nos está sometiendo a unas velocidades y unas exigencias de inmediatez que, a veces, da lugar a posicionamientos precipitados. Cuando se produce una denuncia por una agresión sexual, como con otros muchos delitos, hace falta tiempo para ponderar los términos de la denuncia y concluir si el procedimiento tiene que seguir hacia adelante o se tiene que cerrar porque no está justificado el hecho objeto de la denuncia.

Un tiempo que hoy por hoy casi nadie se permite...

-Esos tiempos a los políticos, e incluso a la propia sociedad, les parecen demasiado largos. Producida una denuncia, de manera inmediata hay posicionamientos claros y diáfanos, pero es verdad que en algunos casos la denuncia no justifica una apertura de juicio oral, aunque es algo que con el tiempo ya no es noticiable y pasa al baúl de los olvidos, a pesar de haber tenido un posicionamiento político. Por eso, tenemos que saber combinar bien lo que es la defensa pública de valores incuestionables, pegados a la dignidad de las personas, con la mesura que exige el respeto a la presunción de inocencia de quien se presume es inocente.

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