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La ley de abusos policiales se tramitará con urgencia para frenar el conflicto en el TC

PNV y PSE la registran en el Parlamento y miran a EH Bildu: “No acometer esta reforma sería frustrar a las víctimas”

Míriam Vázquez - Viernes, 12 de Octubre de 2018 - Actualizado a las 06:04h

El jeltzale Iñigo Iturrate y el socialista José Antonio Pastor registraron ayer la proposición de ley en el Parlamento Vasco.

El jeltzale Iñigo Iturrate y el socialista José Antonio Pastor registraron ayer la proposición de ley en el Parlamento Vasco. (Foto: Jorge Muñoz)

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El jeltzale Iñigo Iturrate y el socialista José Antonio Pastor registraron ayer la proposición de ley en el Parlamento Vasco.

Bilbao-La reforma de la ley que busca reparar a las víctimas de abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999 ha comenzado su tramitación parlamentaria, y está más cerca de ser una realidad. PNV y PSE registraron ayer en el Parlamento Vasco la proposición de ley que va a introducir unos retoques en la iniciativa original aprobada en 2016. Esos ajustes son fruto de una negociación con el Gobierno español de Pedro Sánchez para dejar claro que su objetivo se centra en reparar a las víctimas, y no en señalar a los culpables. Ese acuerdo dio la percha necesaria a Sánchez para retirar el recurso interpuesto por Rajoy en el Tribunal Constitucional pero, en contra de lo previsto, los magistrados no han cerrado de forma automática el procedimiento. Por ello, PNV y PSE piden tramitar los retoques por la vía de urgencia, que permite acortar el plazo de enmiendas, para que la nueva ley quede aprobada antes de que el Tribunal Constitucional decida sobre el desistimiento.

De esa forma, la norma de 2016 ya habrá sido reemplazada por la nueva propuesta retocada y, por lo tanto, el tribunal detectaría que ha existido una corrección y el procedimiento judicial perdería su razón de ser y decaería. El contenido más claro de la nueva ley cargaría de razones al Tribunal Constitucional para desactivar el conflicto. Además, de ese modo, las condiciones que propiciaron el desistimiento de Sánchez, que estaba directamente vinculado con este cambio legal, se cumplirían;y la petición de Sánchez al tribunal para que frene el conflicto se vería reforzada. En caso contrario, si el tribunal decidiera seguir con el procedimiento antes de que la nueva ley entre en vigor, estaría tomando una decisión que afectaría al texto de 2016, pero podría abrirse un escenario delicado de inseguridad jurídica y de suspensión de las tareas que dejase en agua de borrajas el esfuerzo negociador de los dos gobiernos.

PNV y PSE apelaron al resto de grupos para que aprueben la iniciativa y, de manera subliminal, a EH Bildu, al puntualizar que la ley no pierde su espíritu, los retoques son mínimos y “no acometer estas reformas sería llevarnos a un callejón sin salida y frustrar las esperanzas de un colectivo que se ha sentido desamparado por los poderes públicos”. Se da por hecha su abstención, suficiente para sacar adelante los ajustes.

PNV y PSE han optado por el procedimiento más rápido. Serán necesarios unos dos meses para que la norma entre en vigor. La tramitación como proyecto de ley del Gobierno Vasco hubiera permitido utilizar el proceso de lectura única, pero sería más lento porque se requieren una serie de informes jurídicos para vestir la propuesta. Se ha optado por la tramitación a través de los grupos parlamentarios, lo que permite recurrir al proceso de urgencia y acortar a la mitad el plazo de enmiendas.

No se descarta que el PP maniobre para retrasar esta iniciativa y pedir sucesivas ampliaciones en el plazo de enmiendas. El reglamento consagra ese derecho y no se puede tumbar de entrada en las primeras peticiones pero, si se produjera un abuso a la hora de solicitar más plazos, la Mesa de la Cámara, controlada por PNV y EH Bildu, podría restringirlo, como ha sucedido en anteriores ocasiones, de manera que las prórrogas no pueden ser indefinidas y ese dato limita la capacidad de bloqueo del PP.

El jeltzale Iñigo Iturrate y el socialista José Antonio Pastor registraron ayer la propuesta, dejando claro que el objetivo es reparar a las víctimas. “Siempre hemos querido primar el interés de las víctimas por encima de cualquier otra consideración judicial como el esclarecimiento de los hechos o la identificación de culpables”, explicaron en una nota. Se cambian cuatro artículos (2,4,7 y 14) y se borra la disposición adicional sexta.

Los cambios se centran en salvaguardar el derecho al honor, la presunción de inocencia y la protección de datos de las fuerzas de seguridad, un argumento que desactiva la principal queja de los sindicatos policiales y del PP, que ven un descrédito generalizado de los cuerpos estatales;se deja claro que no se busca un esclarecimiento de los hechos, y se reserva a la jurisdicción penal la investigación de los eventuales delitos. Estos matices no afectan al núcleo de la ley. La comisión de expertos que analizará las denuncias podrá estudiar todos los casos tengan o no una sentencia judicial que respalde su testimonio (aunque se añade la coletilla de que la decisión de los expertos no podrá ignorar lo que haya decidido previamente un juez). Las indemnizaciones tampoco cambian. Entre los expertos se halla el forense Paco Etxeberria.

los recursosPNV y PSE matizaron ayer que la retirada del recurso del Gobierno español no implica que el alto tribunal “no pueda continuar con sus análisis y se pronuncie sobre la norma” y, por ello, “para que la reforma pueda quedar aprobada antes del pronunciamiento del TC sobre el desistimiento”, se opta por la vía de urgencia. Además del conflicto en el Constitucional, sindicatos policiales y de la Guardia Civil han acudido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para impugnar la comisión de valoración, aunque este flanco no preocupa a los promotores de la ley porque creen que no tiene sustancia. En cualquier caso, cuanto antes se desactive el conflicto en el TC, antes caerán el resto de contenciosos.

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