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Un adelanto de tres cabezas

El fantasma del adelanto electoral como solución a las crisis políticas sobrevuela Madrid y Barcelona -en Sevilla se confirmó ayer- a siete meses de un mes de mayo que, además de las municipales, forales y autonómicas, vivirá comicios europeos

Un reportaje de Jurdan Arretxe - Martes, 9 de Octubre de 2018 - Actualizado a las 06:04h

el 54 se ha convertido en el número mágico de la política española. Son 54 días, casi dos meses, los que han de transcurrir desde que el presidente del Gobierno español, el president catalán o la presidenta andaluza convoquen unas elecciones hasta que la ciudadanía vote. A esta cifra hay que sumar tres capitales que se miran de reojo -Madrid, Barcelona y Sevilla- y un mes, el de octubre. Noviembre no es mes para convocar comicios, porque se celebrarían en Navidades. Después ya llamarán a la puerta las elecciones municipales, forales, autonómicas y europeas. ¿Qué decidirán Pedro Sánchez y Joaquim Torra?

La presidenta andaluza ha sido la primera en decidirse. Apenas un mes después de que Ciudadanos diera por roto el pacto con el PSOE-A, Díaz llevaba semanas de precampaña sin haber convocado la campaña. Supera en 14 escaños al Partido Popular y le faltan 8 para lograr los 55 asientos que blindan la mayoría absoluta.

Susana Díaz, que en plena legislatura heredó el cargo de José Antonio Griñán tras la imputación de este en septiembre de 2013, quiere acabar ya con este mandato, que arrancó en marzo de 2015. Al votar Andalucía en diciembre, aún faltarán meses para que a las puertas del verano de 2019 se publique la sentencia del caso de los ERE que procesa a 22 ex altos cargos socialistas de la Junta andaluza.

La preocupación de la presidenta sevillana -rival de Pedro Sánchez en las primarias socialistas- era que el ahora presidente español no hiciera coincidir el adelanto de las generales con el andaluz. “Cuando se convoquen las elecciones autonómicas serán con acento andaluz y hablando de Andalucía”, dijo Díaz en julio. Su exconsejera de Economía y actual ministra de Sánchez, María Jesús Montero, el jueves pasado garantizó como se aseguran las cosas en política que ambas elecciones se celebrarían por separado: “Casi al 100%”.

Diluidos otros graneros de voto socialista como el catalán, el presidente español sabe de la fuerza del granero andaluz y deja una pista, hace un guiño: este mes de tantas efemérides políticas Sevilla acogerá por primera vez una reunión del Consejo de Ministros. Será el 26 de octubre, la víspera de que se cumpla un año de cuando Mariano Rajoy disolvió el Parlament catalán, anuló el Govern y convocó las elecciones catalanas del 21-D. Un año desde que se aplicó por primera vez el artículo 155.

Sánchez, tres opciones

Pedro Sánchez, el presidente que cuando no lo era ofreció pactar la fecha de las elecciones si conseguía suficientes apoyos para que prosperara la moción de censura, fía largo. De momento persigue aprobar los Presupuestos de 2019 -esta semana se antoja clave en la negociación con Unidos Podemos al margen del órdago de ayer- y ganar tiempo. Lo más valioso que puede ganar cuando en cuatro meses han caído dos ministros, otros dos se hallan en la picota y se desconoce qué más pueden dar de sí las cloacas. Ni cuándo, ni contra quién.

Los 84 diputados socialistas en el Congreso siguen siendo 84 pese a gobernar, y el margen del PSOE es muy escaso. Tanto que todos los diputados que saltaron al Gabinete Sánchez (los ministros José Luis Ábalos, Meritxell Batet y Margarita Robles;y la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella) renunciaron a sus escaños. El grupo es tan corto y la aritmética parlamentaria es tan ajustada que los socialistas no pueden permitirse perder una votación porque algún ministro se encuentre fuera del hemiciclo por cuestiones de agenda.

Cuatro meses después de la moción de censura, los amigos que se sumaron a aquella celebración se marcharon a sus casas y el PSOE se quedó en la soledad de los 84 escaños. Una evidencia que crece con el paso de los días. La oposición que apoyó la moción pide al PSOE que multiplique las acciones y disminuya los gestos.

Se trata del principal reproche a Sánchez si quiere llegar -como insiste- hasta finales de 2019 o comienzos de 2020. Hasta entonces, una fecha regula las hipótesis de adelanto: el cuarto domingo de mayo de 2019, el día 26. Coincidirán las municipales, las forales, las autonómicas y las europeas.

Sin saber si las intenciones de Sánchez pasan por añadir ese día las urnas del Congreso y el Senado, el PSOE pone a punto su maquinaria electoral. Ya hay dos movimientos públicos con los que los socialistas se preparan. El primero, que el CIS ha dejado de tener una frecuencia trimestral y vuelve a la mensual 22 años después. El pulso demoscópico casi en tiempo real.

Segunda clave: el jefe de Gabinete de Sánchez, el donostiarra Iván Redondo, ha desembarcado junto a José Luis Ábalos al frente de la maquinaria electoral de Ferraz sin ser militante socialista, lo que según publicó El Mundo hace unos días, ha generado “rechazo y serios recelos” incluso en miembros de la Ejecutiva Federal.

El objetivo es que, mientras el ministro de Fomento engrasará el trabajo orgánico de las agrupaciones socialistas, Redondo coordinará los mensajes y la agenda de Sánchez, presidente español y secretario general del PSOE. Falta por saber si lo hará de cara a un domingo electoral con el añadido de las elecciones europeas o para un superdomingo electoral de primavera que beneficiaría a partidos sin tanta estructura municipal, como Ciudadanos, y cuyos debates, en clave estatal, podrían perjudicar a las siglas abertzales, como el PNV y EH Bildu.

Si el presidente español no tiene gasolina suficiente para volar hasta 2020, mayo de 2019 sería la segunda opción para resetear las Cortes por cuarta vez en siete años (2011, 2015 y 2016) en busca de otra mayoría. La tercera posibilidad, la inmediata, es hacerlo ya, pero se le agotan los días para pulsar el botón rojo que abriría los colegios electorales a los 54 días.

A las crisis y rectificaciones internas hay que sumar que quienes apoyaron la moción lo hicieron para desalojar a Rajoy y que ahora recuerdan a Sánchez que no solo valía con quitar al PP, que toca gobernar. La bancada de Pablo Iglesias le pide más al PSOE, como también el PNV le ha avisado de que la paciencia se agota. No son los únicos. El president, Joaquim Torra, ha sido el más claro: hay un mes para fijar una fecha para un referéndum pactado. Si no, completó el órdago, perderá el apoyo de los grupos catalanes en Madrid.


JxCAT y ERC decidirán

“No aceptamos ultimátums”, respondió Isabel Celaá, la ministra portavoz de un Ejecutivo que hace una semana expresó que “si se prioriza el conflicto” en Catalunya, habrá adelanto general. La excusa para que Sánchez decida disolver las Cortes y convoque unas elecciones que reordenen el tablero español toma forma. Sin embargo, el gran anuncio que Torra -presionado por los sectores que piden avanzar hacia la República- lanzó en su primer Pleno de Política General cayó.

ERC y el PDeCAT en el Congreso se desmarcaron de cualquier presión a Sánchez con forma de ultimátum. Entonces, ¿cómo dejará caer Torra a Sánchez? Sevilla, Madrid y Barcelona. Las miradas estos días se han centrado en la capital catalana, cuyo bloqueo no se puede entender sin reparar en la mezcla de siglas de su tablero político.

La amalgama de siglas que se ha acumulado como sedimentos está a punto de saltar por los aires. La desunión de CiU coincidió con la refundación de la antigua Convergència en el PDeCAT. En 2015 Unió concurrió en solitario y la formación que entonces lideraba Artur Mas, ERC e independientes se unieron en Junts pel Sí. La CUP cortó la cabeza de Mas antes de volver a ser investido y le sustituyó el alcalde de Girona, Carles Puigdemont. En enero de 2017 dijo que un año más tarde no sería president, porque el referéndum triunfaría y se celebrarían elecciones constituyentes a las que él no se presentaría. Al final, fueron comicios autonómicos, él se presentó desde Bélgica y lo hizo al frente de una lista específica en la que se disolvió PDeCAT: JxCAT.

Era la cuarta vez en la que Catalunya renovaba Parlament en ocho años (2010, 2012, 2015 y 2017). Hace doce, tras aprobar el Estatut que el PP recurrió ante el Constitucional, Artur Mas ganó con la promesa de lograr con Madrid un “pacto fiscal” que mejorara la financiación autonómica. Hoy el PP, al que se le ha sumado Ciudadanos, exige aplicar de nuevo el 155 otrora tabú.

Sus consecuencias abren en el Govern de JxCAT y ERC un dilema difícil de sortear y que ha bloqueado el Parlament esta semana, mientras la CUP y los CDR presionan para “hacer efectiva la República”: cárcel o acatar la justicia española. Las tres formaciones, que suman 70 escaños (dos más que la mayoría absoluta), dicen querer esa república, pero difieren de la estrategia, la frontera en la que más fácil chocan los partidos que más o menos comparten objetivos.

Crisis salvada cuando todo estaba a punto de saltar por los aires. Al menos, de momento: Torra no puede apretar el botón rojo del adelanto electoral hasta el 27 de octubre, cuando se cumpla un año desde que el Gobierno del PP aprobó la aplicación del 155.

El viernes pasado el president y su vicepresident, el republicano Pere Aragonès, se conjuraron para aguantar hasta que se conozca la sentencia por el juicio del procés contra 18 de los 25 líderes independentistas -los siete restantes se hallan en el extranjero-. Si la vista oral arranca en enero, el fallo podría llegar antes del parón judicial de verano. Mismo horizonte temporal que el del caso de los ERE, pero en lugar de para adelantar elecciones, para retrasarlas.

Al Govern, cuyos socios se apoyan por el temor a unas urnas de resultado incierto, y al Gobierno español, que trata de sacar máximo provecho del control que da la Moncloa, les une una cosa: mientras no cambien sus inercias, sus respectivas imágenes se deterioran día a día y comprometerán su futuro electoral.

Susana Díaz lleva varias semanas de precampaña. Cualquier movimiento en el Congreso es de campaña. Los movimientos del Parlament, las fichas de ajedrez que se mueven en Barcelona, son campaña. Nadie quiere ceder, todos quieren ganar. Reforzarse. Porque en el fondo, la estrategia de campaña permanente, más que facilitar acuerdos, acaba exigiendo elecciones. Una detrás de otra. Sin que nada o casi nada cambie.

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