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Álava trata de llegar a más de 1.500 dependientes

La Diputación les avisará de que tienen derecho a recursos que aún no disfrutan. Junto a las cartas, habrá una campaña

Carlos Mtz. Orduna Pilar Barco - Sábado, 6 de Octubre de 2018 - Actualizado a las 06:05h

Inauguración de la VIII jornada de Ética y Servicios Sociales

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Inauguración de la VIII jornada de Ética y Servicios Sociales

vitoria- El cambio en la normativa estatal que en julio de 2015 otorgó a las personas con grado 1 de dependencia el derecho a acceder a un amplio abanico de nuevos servicios y ayudas derivadas del reconocimiento de su situación no ha logrado que todas ellas hayan hecho un ejercicio efectivo de ese derecho. En concreto, más de tres años después de esa modificación legal, son todavía más de 1.500 los dependientes moderados que viven en Álava pero carecen de un Plan Individualizado de Atención (PIA) o de alguno de los recursos o prestaciones que la Ley de Dependencia les reconoce. Esta denuncia, que partió del grupo juntero del Partido Popular el pasado mayo y después se convirtió en moción aprobada por el Pleno de la Cámara foral, finalmente ha empujado a la Diputación alavesa a comunicarse con todas estas personas, que rondarían las 1.541 según las cifras manejadas por los populares, y recordarles que podrían acceder a una serie de recursos que, quizá por falta de información o por desconocimiento, a día de hoy no disfrutan.

Así lo anunció ayer en comisión la diputada foral de Servicios Sociales, Marian Olabarrieta, quien avanzó que el ente foral ha comenzado a enviar ya sendas cartas a todas las personas que se encuentran en esta situación para que, si lo desean, acudan a una cita ya fijada con una trabajadora social. En las misivas, que llegarán durante estos días a los domicilios, el área foral de Intervención Social recuerda a las personas con dependencia moderada que “de acuerdo a su valoración” tienen derecho a una serie de servicios y recursos derivados de ese cambio legal, entre los que se encuentran los centros de día para mayores, los centros ocupacionales para personas con discapacidad intelectual, las viviendas con apoyos para personas con discapacidad, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) o tres prestaciones económicas (PEVS, PECEF y PEAP), y que deberán acudir a su servicio social de base o a la oficina de información del IFBS -si residen en Gasteiz- para poder determinar la intervención más adecuada en cada caso. Las cartas también han sido remitidas a los ayuntamientos del territorio, tanto a los de menos de 20.000 habitantes como al de Gasteiz.

campaña informativa Junto al envío de misivas, el ente foral está trabajando también en el diseño de una campaña que también informará sobre la existencia de estos recursos y servicios a los que las personas dependientes de grado 1 tienen derecho desde 2015. Olabarrieta avanzó que el ente foral ya ha concretado “el contenido y la metodología” de esta iniciativa complementaria, que utilizará las nuevas tecnologías y los medios de comunicación tradicionales, incluyendo la prensa escrita o la radio, y tendrá “un lenguaje accesible para todas las personas”. El ente foral tiene previsto ponerla en marcha antes de que concluya este año 2018. En cuanto a su duración, “dependerá del presupuesto que pueda destinarse a la misma”, avanzó por su parte Miren Saratxaga, directora del área de Servicios Sociales.

José Javier Bizarro, juntero de Orain Araba, criticó al gobierno foral por no haber completado ya “al menos el envío de las cartas”, para lo que a su juicio “ha pasado un tiempo más que suficiente” desde la aprobación de la moción en las Juntas el pasado 20 de junio. Olabarrieta, visiblemente molesta, recordó en varias ocasiones que los trabajadores del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) acostumbran a disfrutar de sus vacaciones anuales durante el verano, lo que unido a la habitual carga del trabajo de la institución ha impedido finiquitar la preparación y el envío de las cartas hasta la fecha.

La situación del centro Bideberria 1, que acoge a los menores extranjeros no acompañados (menas) que llegan al territorio, y la habilitación de un nuevo recurso provisional y temporal de 15 plazas adicionales en Gasteiz para asistirlos también centró parte del debate en la comisión de ayer. Itxaso Roldán, juntera de Podemos y que solicitó la comparecencia de Olabarrieta para tratar esta cuestión, cargó contra el ente foral por hablar “de un problema puntual o pasajero”, dado que la situación de sobreocupación del centro de menores viene denunciándose desde 2017. Olabarrieta insistió en que el objetivo de la Diputación sigue siendo “atender a todos y cada uno de los que vengan de la mejor manera posible”, porque lo contrario supondría una “ilegalidad”, y concretó que el nuevo recurso abrirá sus puertas en el plazo de “una semana o dos como mucho”. Se ubicará en Vitoria, pero Olabarrieta no ofreció ningún detalle adicional sobre su ubicación. Ante las dudas planteadas por parte de la oposición, Olabarrieta enfatizó que los menores que sean acogidos en el nuevo recurso estarán bajo la custodia tanto de educadores como de auxiliares educativos, como marca el decreto.

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