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Comisión de Derechos Humanos

Familiares de los jóvenes de Altsasu piden amparo al Parlamento Vasco

Denuncian que se vulneró la presunción de inocencia porque hubo "un juicio paralelo"

EFE - Martes, 2 de Octubre de 2018 - Actualizado a las 17:03h

El colectivo Altsasuko Gurasoak, formado por familiares de los jóvenes condenados por agredir en Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles y sus parejas, hoy en el Parlamento Vasco donde informan sobre la situación de sus hijos.

El colectivo Altsasuko Gurasoak en el Parlamento Vasco (EFE)

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El colectivo Altsasuko Gurasoak, formado por familiares de los jóvenes condenados por agredir en Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles y sus parejas, hoy en el Parlamento Vasco donde informan sobre la situación de sus hijos.

Familiares de los jóvenes condenados por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Altsasu en octubre de 2016 han pedido a los grupos del Parlamento Vasco que "se interesen" por este caso, que "no miren para otro lado" y que les muestren su "amparo en la forma que puedan".

GASTEIZ. Cuatro madres de otros tantos condenados han comparecido hoy en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara vasca para hablar de la situación de sus hijos, que cumplen condena en las cárceles de Zaballa e Iruñea por atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

Las cuatro han denunciado que desde que ocurrieron los hechos se ha vulnerado la presunción de inocencia de sus hijos porque hubo "un juicio paralelo mediático que ha influido negativamente" y que se ha violado su derecho a la intimidad y al honor al publicarse sus nombres y fotografías cuando la causa aún se estaba instruyendo.

Han denunciado también que no han tenido derecho al juez "natural e imparcial" (la causa pasó de un tribunal navarro a la Audiencia Nacional), ni a la libertad provisional -"cuando han demostrado que no había riesgo de fuga"- ni tampoco a un juicio "justo equitativo y proporcional".

Han recordado las críticas de Amnistía Internacional al proceso y han censurado las peticiones "desproporcionadas" de la Fiscalía -que oscilaban entre los 12 años y medio y los 62 y medio- y también que se les acusara de terrorismo, aunque finalmente la Audiencia no lo viera. Pese a ello los condenó a entre 2 y 13 años de cárcel.

Se trata, han afirmado hoy, de condenas "ejemplarizantes" que convierten a "una trifulca de bar en un hecho más castigado que la pertenencia a banda armada o la tenencia de explosivos".

En todo caso, estas cuatro madres han asegurado que "nunca han defendido" la conducta de sus hijos esa noche porque "no comparten" que haya "broncas". Fueron, ha resumido "unos sucesos lamentables".

Por ello han pedido a los grupos del Parlamento Vasco que se pongan de acuerdo y aprueben una iniciativa que para pedir "garantías jurídicas" y "una solución" para este asunto, al tiempo que han invitado a los miembros de la comisión a visitar a sus hijos en la cárcel para que estos vean que "las instituciones no les han abandonado".

El representante del PNV Iñigo Iturrate ha considerado que los hechos ocurridos en Altsasu fueron "injustificables, no defendibles", pero ha considerado que la petición de pena del fiscal fue "absolutamente desproporcionada" y una "barbaridad jurídica" y ha reclamado una "aplicación razonable de las leyes". 

Julen Arzuaga, de EH Bildu, ha transmitido su solidaridad con Altsasu y ha enviado un abrazo a los condenados. Precisamente una delegación de este grupo visitará mañana a los cinco que están presos en la cárcel de Zaballa.

Arzuaga ha considerado que en este caso ha habido "una tormenta perfecta" con la "base de un montaje policial", unas peticiones "estratosféricas" y unos medios de comunicación que han "empujado para imponer una tesis policial u oficial".

Desde Elkarrekin Podemos, Iñigo Martínez ha denunciado la "barrabasada judicial" cometida en este caso con "penas totalmente desproporcionadas" y que "no se sostienen por ninguna parte". Ha lamentado además la "criminalización de Alsasua" por esta agresión, cuando esta localidad, ha dicho, "no deja de ser un pueblo normal y corriente".

La socialista Rafaela Romero ha recordado a las comparecientes que los parlamentarios no pueden actuar como "jueces de jueces", aunque ha coincidido con ellas en que la legislación antiterrorista se aplicó de forma "indebida".

La popular Juana Bengoetxea ha reconocido que los procesados vieron violados su derecho a la presunción de inocencia y a la intimidad y ha deseado que su caso se resuelva pronto, pero ha subrayado que para ella las víctimas fueron los guardias civiles y sus parejas.

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